Frente a la deuda histórica y desigualdades heredadas de la Cuarta República, en la actualidad, el Gobierno Bolivariano cuenta con cerca de cinco millones de mujeres y hombres -antes excluidos- que hoy son 100% dignificados con la asignación de pensión, ingreso homologado al salario mínimo, aguinaldos a fin de año y con un sistema social de protección e inclusión que los abraza de forma integral a través del Sistema del Carnet de la Patria.
La lucha por la reivindicación de este sector es histórica. En la década de los años 80 y 90, durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei, las medidas neoliberales dictadas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, fijaban este derecho universal de forma acelerada como un gasto social que marcó la desesperanza en el pueblo que había entregado su fuerza laboral al sistema público y nacional y quienes enfrentaban la liberalización del mercado laboral.
En ese contexto, para 1999, año en que el Comandante Hugo Chávez, llegó al poder por la vía del voto, la pensión sólo era recibida por 387.000 personas en todo el territorio nacional y en la actualidad el beneficio es entregado a más de cuatro millones de mujeres y hombres (4.535.901), lo que representa el 100% de la población en edad para recibirlo, 20 veces más pensionados que hace 20 años.
La historia reciente da cuenta de cómo en los gobiernos del Puntofijismo, las abuelas y abuelos debían hacer grandes manifestaciones de calle para alcanzar un bajo promedio del salario mínimo como pensión de jubilación. Una fuerte represión marcó parte de esta lucha contra quienes habían entregado su fuerza de trabajo y eran atacados ferozmente. Los Derechos Humanos fundamentales se diluían entre perdigones repartidos por la extinta Policía Metropolitana.
Compromiso patrio
Las asimetrías anteriores, han sido superadas por el carácter constitucional de las políticas públicas implementadas por el Gobierno del Comandante Eterno Hugo Chávez, hoy consolidadas por el presidente Nicolás Maduro, que coloca al humano en el centro y garantiza una justa distribución de las riquezas de la República.
En este sentido, el 76% del Presupuesto Anual de la Nación para el año 2020 está destinado a la protección social del pueblo, tal como lo establece el Plan de la Patria 2019-2025.
En la actualidad Venezuela, enfrenta una feroz guerra multiforme por parte del gobierno de los Estados Unidos que promueve la desestabilización con cercos y bloqueos financieros, además de los ataques comerciales de los gobiernos élites de la región, pero esto no ha sido impedimento para cumplir con quienes lo dieron todo con trabajo y esfuerzo para construir la patria y la política del Gobierno Bolivariano, centra sus esfuerzos en dignificarlos.
Inclusión para todos
Con la implementación del Carnet de la Patria, como sistema de inclusión de las políticas sociales del Ejecutivo y que apunta a proteger al pueblo de los embates de la guerra económica inducida en Venezuela, como método político para doblegar a las naciones, los jubilados y pensionados cuentan con la protección de su derecho constitucional.
Con el Gobierno Bolivariano los pensionados y jubilados son sujetos de máxima protección, inclusión, respeto, bienestar y justicia social; muy especialmente a quienes vivían en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo. Por otra parte, el Ejecutivo le garantiza un espacio al adulto mayor para su capacitación, participar en los desarrollos culturales y socio-productivos del país.
Las garantías del Estado de Derecho en Venezuela, están establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Adulto Mayor, donde se establece el derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, así como a recibir apoyo familiar y social y elevar su autoestima, además del acceso a la atención preferente en salud, transporte y demás actividades.
Prensa Digital MippCI / VTV
