La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibió este lunes un informe de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz sobre las víctimas fatales que resultaron de los hechos violentos promovidos por la derecha entre abril y julio de 2017.
Entre los datos más resaltantes arrojados por la investigación se encuentra que casi el 50% de las víctimas fatales no estaba participando en las acciones de calle al momento de su asesinato, es decir, que eran transeúntes presentes en los lugares por razones ajenas a las manifestaciones promovidas por la derecha, refirió la presidenta de la ANC y de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez.
Igualmente, precisó que esta organización identificó un total de 142 asesinatos, que se produjeron en solo 13% del territorio nacional, en su mayoría bajo jurisdicciones ocupadas por partidos de derecha donde se permitió el asedio permanente de los grupos violentos.
Rodríguez recordó que por estos hechos la Comisión logró que se dictarán medidas privativas de libertad para funcionarios que incurrieron en delitos; y que la anterior gestión del Ministerio Público, dirigida por la exfiscal prófuga Luisa Ortega, permitió la escalada de los actos violentos con la impunidad en los casos recibidos bajo su titularidad.
Violencia política y financiamiento
En transmisión de VTV, representantes de la organización no gubernamental, que cuenta con 32 años de trayectoria, explicaron que la investigación se realizó revisando detenidamente cada uno de los expedientes en el Ministerio Público y visitando a todas las familias de las víctimas; cooperación que agradecieron tanto a los ciudadanos como a las instituciones.
También hicieron un llamado a la reflexión, puesto que solo 36% de las víctimas es responsabilidad del Estado, mientras que la mayoría perdió la vida en medio de las acciones violentas desatadas en las llamadas guarimbas, lo cual, apuntaron, se convierte en una responsabilidad de la sociedad entera.
Acotaron que obtuvieron información que comprueba que dirigentes y otros actores vinculados a la oposición financiaron la organización de civiles en acciones violentas, y, en menor medida, los ataques por parte de grupos delictivos.
Prensa Digital Mippci
