Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario y luchador social brasilero que está preso en régimen de aislamiento en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba por decreto ilegal e injusto de Sergio Moro, tiene derecho fundamental a asistencia médica como cualquier ciudadano, dondequiera que se encuentre, no obstante la petición para que los médicos Rui de Oliveira y Darley Rugeri Wollmann Jr. visiten al ex presidente Lula, fue protocolada en la semana pasada, directamente a la jueza de ejecución criminal Carolina Moura Lebbos, del 12mo. Juzgado Federal de Curitiba.
Ante la falta de respuesta de la jueza, la petición fue reinterpuesta el día 25 de los corrientes y negada bajo el absurdo pretexto de que no hubo «alegación de urgencia».
Lula ya cuenta con 72 años de edad y que se encuentra en tratamiento de cáncer en la garganta desde 2011, venía practicando ejercicios físicos diariamente bajo la supervisión del Dr. Rui de Oliveira y hacía evaluaciones cardíacas periódicamente (monitoreo de presión, por ejemplo), estudios para los cuales se puso a disposición el Dr. Darley Wollmann, de Curitiba.
Una cosa es que les nieguen a premios Nobel de la Paz, la posibilidad de visitar a Luiz Inácio Lula da Silva en prisión o que impidan que la expresidenta Dilma Rousseff, pueda dialogar con el líder del Partido de los Trabajadores. y otra cosa muy distinta es que no dejen que a Lula lo visite un médico.
La jueza Carolina Lebbos, dijo que al no haber una urgencia, no había necesidad de que el médico viera al exmandatario. La decisión de la jueza es más una arbitrariedad de la Lava Jato, en contra del mayor líder popular del país. Es otra injusticia contra Lula. Es una actitud mezquina y cruel. Es un crimen contra la humanidad, que seguramente tendrá repercusión internacional.
Lula está sufriendo un encierro que incumple las reglas establecidas por Naciones Unidas, condenándolo con un aislamiento total, sin que puedan verlo sus familiares, amigos o abogados. Negando el encuentro con su médico o con un asistente religioso se lleva la ilegalidad a niveles nunca vistos en Brasil, dentro de una democracia.
Prensa Digital MippCI
