El Ministerio Público presentó este miércoles un nuevo caso de corrupción entorno a la principal industria del país, esta vez relacionada con la sucursal de Pdvsa Gas en Colombia, donde se produjo un desfalco a la Nación estimado en 100 millones de dólares.
En declaraciones ofrecidas por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se conoció que en esta sucursal se cometieron múltiples irregularidades, bajo la administración de la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien además contó con la anuencia de sus superiores.
Precisó el Fiscal que Moya aparece en los Papeles de Panamá, vinculada a una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas, a través del bufete Mossack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez.
El caso por el que se le investiga tiene origen en el año 2007, cuando manejó sin supervisión la cantidad de 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar.
Saab indicó que este caso comenzó a ser investigado, sin embargo, fue paralizado entre los años 2014-2016, bajo la antigua administración. «Nosotros la reactivamos, cuando asumimos la delicada y patriótica responsabilidad, en marzo de este año, porque está la voluntad del Estado venezolano en ir hasta las últimas consecuencias en casos como estos».
Detalló que entre 2007-2015 la ciudadana Sarah Moya, en su condición de gerente general, cometió las siguientes irregularidades: obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización, pagada por la sucursal, la cual usó para consumos personales por una suma que alcanza los 60 mil dólares y designó unilateralmente a un revisor fiscal (auditor externo) de Pdvsa Gas Colombia, procedimiento que violó la normativa interna al emplear para ello un acta forjada de asamblea.
Además, con dinero de la empresa, adquirió 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá a José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia.
Márquez recibió 212 mil dólares por honorarios profesionales; además le fueron adjudicados directamente proyectos por un monto de 591 mil 540 dólares.
«Las experticias arrojaron que con dinero de Pdvsa Gas Colombia ambos viajaron a Río de Janeiro, en 2014 durante las festividades del carnaval», mencionó Saab.
El Fiscal General refirió que Moya provocó una pérdida de 3 millones 381 mil dólares, al adjudicar de forma directa 6 contratos a la empresa Ingeniería y Servicios Ambientales, para actividades de reforestación y otros fines que no se ejecutaron.
También efectuó donaciones, sin justificación, por más de 288 mil dólares y pagó 1 millón 297 mil dólares, sin soportes, a dos abogados por servicios profesionales y antes de dejar el cargo les otorgó un anticipo de 131 mil 200 dólares.
De manera extraordinaria, calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183 dólares.
Como consecuencia de los últimos tres años de su gestión, la sucursal generó una pérdida operacional de más de 61 millones de dólares, dijo.
Libran ordenes de aprehensión
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que por este nuevo caso de corrupción, fueron solicitadas cinco órdenes de aprehensión contra la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya; el representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS, José Alberto Márquez; el expresidente y el exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos; así como del exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel.
El grupo será imputado por los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación. La Fiscal 26° con competencia nacional plena fue comisionada para esta investigación.
«Esta trama forma de un hilo conceptual de estos mismos esbirros, quienes actuaron con premeditación para causar graves daños patrimoniales a la nación, por ello la justicia debe ser implacable», sentenció.
Ratificó que el Ministerio Público seguirá su lucha anticorrupción, «para lograr una Venezuela más justa, más productiva y donde se trabaje para todos, porque si una persona logra un cargo público debe ser para trabajar por el país y no para generar riquezas y desfalcarlo. Contra ellos todo el peso de ley».
Prensa Digital MippCI
