El proyecto de Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica y la Comisión de la Verdad, son los instrumentos dispuestos por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para garantizar la paz y el respeto a la diversidad en Venezuela.
Así lo afirmó la presidenta del organismo plenipotenciario y de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, durante el primer debate abierto de la Asamblea Constituyente, que se llevó a cabo durante la tarde de este domingo en el Parque Ezequiel Zamora, ubicado en El Calvario, Caracas, con la participación de movimientos sociales, organizaciones sociales de transporte, urbanismo, y constituyentistas.
Rodríguez resumió que el proyecto de Ley, propuesto por el Presidente de la República el 10 de agosto, se basa en tres lineamientos fundamentales: la educación liberadora como herramienta para fomentar el respeto a la diversidad de pensamiento y cultural; la determinación de la responsabilidad de los medios de comunicación y redes sociales en la difusión de mensajes de odio; y la definición de los distintos crímenes de odio, así como de las sanciones correspondientes –teniendo en cuenta las modificaciones pertinentes al Código Penal–.
La presidenta de la ANC refirió que en países desarrollados las sanciones a redes sociales por la difusión de mensajes de odio ya son una normativa. Como ejemplo mencionó el caso de Alemania, país que sancionó una normativa en la que obliga a las plataformas sociales a eliminar contenidos de odio en 24 horas, so pena de ser multadas con hasta 50 millones de euros.
«Será una ley de gran avanzada y de ejemplo para el mundo», comentó ante el pueblo organizado y acompañada de otros constituyentistas, entre ellos la exministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela.
La también dirigente socialista convocó al pueblo venezolano a participar del debate de la Ley, el cual se debe llevar a las comunidades de todo el país, para que realicen sus aportes.
Respuesta a EEUU
Luego de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunciara el pasado viernes que el gobierno tomaría medidas para responder de forma recíproca a la agresión contra el pueblo por parte del Gobierno de Estados Unidos, Rodríguez precisó este domingo que las acciones serán dadas a conocer el próximo viernes 1º de septembre.
Recordó que la amenaza bélica hecha por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 11 de agosto, estuvo precedida por el llamado «Decreto de Obama», firmado por el anterior mandatario Barack Obama el 9 de marzo de 2015, en el que EEUU califica a Venezuela de «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de la potencia.
Derecha apátrida
Igualmente, reiteró la denuncia de que voceros de la derecha venezolana, en especial el jefe del partido Primero Justicia, Julio Borges, han pedido la intervención financiera y militar de Venezuela, a costa de los perjuicios que estos bloqueos significan para el pueblo venezolano en cuanto al abastecimiento de medicamentos y alimentos, así como otras necesidades del aparato económico nacional.
«Teniendo barcos en la costa con medicamentos y alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero que se acaba de formalizar con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump”, explicó.
Señaló que aquellos que solicitaron acciones contra Venezuela deben ser investigados para determinar su responsabilidad, labor que ya fue iniciada en la Comisión de la Verdad.
«Esto no puede quedar impune, quienes llamaron desde Venezuela o el exterior al bloqueo de la patria deben ser investigados. No podemos olvidar de lo que son capaces», señaló.
Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad inició el sábado las audiencias públicas con los ciudadanos que fueron víctimas de los hechos violentos ocurridos durante los 120 días de manifestaciones violentas convocadas por la dirigencia opositora y que dejaron un saldo de más de 100 personas fallecidas, así como daños a la infraestructura pública y privada.
Entre las víctimas que asistieron también estuvieron funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, según informó Rodríguez, que acudieron a rendir sus testimonios.
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