La fiscalización constante en los comercios y empresas en territorio nacional, es un trabajo que viene realizando el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, y que se ha agudizado durante la pandemia, a fin de garantizar la protección del pueblo.
La información la dieron a conocer los funcionarios Juan Iriarte, intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y Luis López, intendente Nacional para la Protección del Salario de la Obrera y el Obrero.
Durante la transmisión del programa radial número 27 de «Al Aire con MinComercio», dirigido en esta ocasión por el viceministro de seguimiento evaluación y control del proceso de formación de precios, Douglas Jover, a través de Radio Miraflores 95.9 FM, aseguraron que la fiscalización es un proceso efectivo donde el Estado debe ser supervisor de los canales regulares de protección al pueblo.
“Hemos venido realizando un trabajo orientado por la Ministra Laya que tiene que ver con la fiscalización de cada uno de los comercios y empresas en el país, tenemos un año y medio exhortándolos para que mantengan los acuerdos y precios a fin de defender los derechos socioeconómicos de nuestro pueblo”, aseguró Juan Iriarte.
Destacó, que el objetivo es que el comercio del país salga a flote, por eso el proceso de post fiscalización es una parte fundamental. “La fiscalización tiene varios procesos, verificamos que se cumplan con las medidas de bioseguridad, que tengan los habladores correctos, que cumplan con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), con el precio de los 27 productos acordados, que entreguen el vuelto exacto a los usuarios o que activen el pago móvil”.
Explicó que hay comercios que cumplen con todo, pero si lo incumplen son exhortados a cumplir y si no lo hace en la segunda visita son multados, en una tercera visita se toma otra medida que en ocasiones pudiera ser el cierre temporal.
Canales regulares
Iriarte recordó que los usuarios tienen varias formas de formular sus denuncias, presencial y a través de los canales electrónicos, con base en ello se planifican las fiscalizaciones y se despliegan los fiscales.
Para fiscalizar el cumplimiento de las medidas, el Ministerio se ha reunido con la cadena de producción completa, desde el productor hasta el comercializador, a través de las mesas de concertación de precios.
De igual manera se han realizado encuentros con el sector comercial del país a fin de escuchar sus propuestas y estar a tono con sus necesidades, hasta ahora, se han visitado 17 estados.
Destacó el papel fundamental que juegan los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en la fiscalización interna ya que hacen cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) y que tienen como finalidad hacer avanzar los procesos productivos.
Informó la creación de un módulo básico en materia de fiscalización basado en la Ley de los CPT, además de un Plan nacional de formación para la articulación de la contraloría social de los mismos.
Por otra parte, el intendente Nacional para la protección del salario de la Obrera y el Obrero, Luis López, agregó que desde esta organización se ha articulado con ese conjunto de organizaciones de trabajadores de trabajadoras para mantener que la acción fiscalizadora en los establecimientos, que los trabajadores sean los contralores de que los comerciantes no alteren los precios luego de la fiscalización ni alteren los acuerdos.
“El despliegue nos ha hecho reordenar el tema de la intendencia no solo se están desplegando los fiscales en materia de costos, sino también los trabajadores. Ellos supervisan la producción, los precios, el estado de los productos”, dijo.
Agregó que actualmente hay 2 mil 210 entidades de trabajo donde hay CPT, en los 15 sectores laborales, y se han articulado con 918 espacios de distintas formas a través de reuniones y videoconferencia.
“Estamos impulsando la denuncia temprana para tomar en cuenta el sector de nuevos emprendimientos”.
Explicó que los trabajadores que quieran agruparse como CPT pueden hacerlo a través de la inspectoría del trabajo y de ahí se crea la infraestructura, los certifican y pueden ejecutar.
De igual manera los dueños de las empresas también pueden interactuar con la intendencia obrera.
Por último, señaló que se están inspeccionando los precios en las clínicas del país a fin de que se aplique el baremo de precios en el contexto de la atención a personas contagiadas con COVID-19.
Prensa Digital MippCI / MCN
