La integrante del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino, Maite García, expresó su respaldo a la Ley contra el Odio, aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, por considerarla un instrumento para consolidar la paz y la democracia en el país.
En una entrevista concedida al programa Encendidos, que transmite Venezolana de Televisión, García manifestó que los representantes de Víctimas del Sicariato Campesino, esperan que a través de la Ley se haga justicia y se pongan a raya los factores políticos, medios de comunicación o individualidades que promueven la violencia contra quienes piensan distinto.
«No solo es que la persona esté detenida, sino consolidar la paz para las generaciones futuras. Hay mucha esperanza porque sentimos que esta es la forma de hacer justicia a nuestros familiares. La ley definitivamente va a encarrilar a la oposición que tiene como práctica el terrorismo al camino democrático, de la paz y de la vida, del respeto, a lo que somos los venezolanos y venezolanas de bien», desarrolló.
Maite García, es hija de Armando «Pelaíto» García, líder y defensor de los campesinos y pescadores, sociólogo de la Universidad del Zulia, entidad en la que fue asesinado el 19 de septiembre de 2002, a sus 44 años, a manos de un sicario que le disparó 12 veces delante de su familia, en su casa.
Pelaíto fue parte del Movimiento Quinta República (MVR), presidente del Comité Agrario Bolivariano de Catatumbo y desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, vía habilitante) se convirtió en promotor de su aplicación, lo que le ganó la persecución de los terratenientes de su región.
Desde 2002
La activista consideró que existe una contradicción en el discurso político de sectores de la derecha venezolana, que afirman que en el país funciona un régimen dictatorial y a la vez promueven acciones políticas violentas que atentan contra la vida de quienes consideran afectos al Gobierno.
“No respetan el valor sagrado de la vida”, aseveró.
En este sentido, expresó su acuerdo con el procedimiento legal que se sigue contra el exdiputado Freddy Guevara por alentar las acciones violentas de calle, llamadas guarimbas, que mantuvieron al país en tensión entre abril y julio de este año.
Señaló desde 2002 la oposición, representada en actores de la política y de los medios de comunicación privados, ha llamado al odio y la intolerancia, por lo que instó al pueblo venezolano a clamar justicia y no permitir que dicho mensaje se cole en la familia, organizaciones populares e instituciones.
Familia y valores
Sin embargo, la activista resaltó que cobra más importancia el forjar los valores democráticos desde la familia, promoviendo el respeto y la tolerancia a la diversidad de pensamiento.
«Nosotros podemos cosechar ese amor, como nuestros campesinos que cuando siembran las hortalizas que nosotros llevamos a nuestra mesas están sembrando justamente el amor a la patria, están legando a sus hijos el trabajo y la tolerancia sobre todas las cosas», dijo, citada por el portal web de VTV.
Sostuvo que solo a través de esos valores se podrá disminuir la influencia de los medios de comunicación, organizaciones o actores políticos que promueven la violencia, a la vez que se asentarán las bases concretas para el Estado democrático y social de Derecho.
Orientación de la Ley
La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia contempla la creación de una «comisión para la promoción y garantía de la convivencia pacífica como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública, destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo», refiere AVN.
Entre los 25 artículos que conforman el instrumento jurídico se establece la pena de 10 a 15 años de prisión para las personas que incurran en delitos de promover el fascismo, el odio y la intolerancia, así como la prohibición a prestadores de servicios de radio y televisión y medios electrónicos de difundir propaganda de guerra o cualquier otro tipo de mensaje que constituya una incitación a la discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia.
Se establece que la Comisión estará vigente por nueve meses y al final de su periodo deberá entregar un informe sobre todas las investigaciones y medidas tomadas.
Prensa Digital Mippci
