Venezuela es el primer país de América Latina que declararó la desaparición forzada como delito de lesa humanidad en la Constitución Bolivariana promulgada en 1999, por iniciativa del Comandante Hugo Chávez.
Así lo dio a conocer Judith Galarza, directora de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), en La Pauta de Hoy, este viernes.
En este sentido, Galarza citó el artículo 45 del capitulo III de la Carta Magna, que establece:
“Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley”.
Asimismo, la especialista reveló que, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, se registraron en el país más de 10 mil personas desaparecidas y asesinadas: “En la Cuarta República, los gobiernos que promovieron las desapariciones siempre justificaban estos hechos tan lamentables y tachaban a las víctimas como delincuentes”.
Galarza precisó que, desde 1999, Venezuela está en la vanguardia en materia de derechos humanos y es referencia internacional, porque se le ha reconocido a la población el derecho de libertad de expresión, movilización, acceso a la educación gratuita, a la vivienda y a la salud.
La directora aclaró que el término de preso político debe ser usado con cautela, esto en referencia a las premisas que han utilizado algunos sectores de la derecha venezolana para llamar a los responsables del plan denominado La Salida, ejecutado en 2013 por grupos desestabilizadores, donde resultaron 43 personas fallecidas y múltiples heridos.
“Los hombres y mujeres que son presos políticos no se les puede comprobar ningún delito. Están presos por su forma de pensar, de actuar a favor de una sociedad justa y democrática”, resaltó Galarza.
Finalmente, invitó a la población a participar en una actividad política-cultural que realizará Fedefam este sábado 21 en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada en el bulevar Panteón, en el Centro de Caracas.
Cabe destacar que la desaparición forzada se basa es un secuestro ejecutado por agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia y donde la víctima «desaparece». Las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho ni dan cuentas de la víctima. Los recursos de habeas corpus o de amparo, mecanismos jurídicos destinados a garantizar la libertad e integridad del ciudadano, son inoperantes ante perpetradores anónimos y encubiertos.
Prensa Mippci
