La próxima semana, el Congreso hondureño debatirá el polémico proyecto que permite la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), nuevo cuerpo militar que es fuertemente criticado por los organismos de derechos humanos del país.
La iniciativa fue presentada a finales de junio por el titular del parlamento, Juan Orlando Hernández, dirigente del Partido Nacional (PN), agrupación que junto al Partido Liberal (PL) fueron los impulsores del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
Al otro día de anunciada la iniciativa, el ministro hondureño de Defensa Marlon Pascua aseguró en el programa televisivo «30/30», que «a mí no se me ha comunicado absolutamente nada, la única comunicación que yo tengo al respecto fue una con el presidente del Congreso el día viernes donde él me explicó algunos de los puntos que ahí se tratan y en el cual nosotros estamos en toda la disposición de colaborar».
Aunque el proyecto todavía no fue aprobado -y que implica la reforma de la Ley Orgánica de la Policía-, el 7 de agosto pasado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales, confirmó que ya había iniciado el proceso de selección de militares que conformarán Tigres.
El cuerpo de seguridad recibirá entrenamiento de las fuerzas policiales de Chile y Colombia -ambas fuertemente cuestionadas por sus acciones represivas en el transcurso de la historia-, estará integrado por 200 uniformados y se ubicarán en batallones cercanos a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El diario Proceso Digital informó que el dictamen para aprobar la iniciativa se encuentra listo en el Congreso y fue consensuado con las secretarías de Defensa y Seguridad.
Tigres dependerá directamente de la Presidencia de la República y para su armado, el Estado hondureño recibió un prestamo de 60 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
¿Qué harán los Tigres?
Conocida la noticia de la conformación de Tigres, los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales expresaron su profunda preocupación, porque este cuerpo podría ponerse al servicio de la creciente represión interna, principalmente con los sectores campesinos.
Desde el derrocamiento del presidente Zelaya, casi sesenta labriegos han sido asesinados por la policía y por guardias privados de los grandes terratenientes, donde los mayores casos se registran en el Bajo Aguán.
El último caso ocurrido en esta región se produjo el jueves pasado, cuando tres campesinos cayeron víctimas de las balas cuando se encontraban en la finca Paso Aguán, propiedad del empresario Miguel Facussé, señalado como uno de los promotores del golpe de Estado contra Zelaya.
Según el proyecto presentado al Congreso, el cuerpo servirá para combatir la inseguridad y que al realizar operativos deberá estar acompañado por jueces y fiscales con jurisdicción nacional. Además, si Honduras participa tener un conflicto militar con otro país, la fuerza pasará transitoriamente bajo el mando de la secretaría de Defensa. A esto se suma que Tigres recibirá equipamiento de última tecnología.
Consultada por la agencia IPS, la socióloga hondureña Mirna Flores explicó que «es una fuerza híbrida que implica la militarización de las fuerzas policiales, una tendencia que se ha venido reafirmando en nuestro país frente a las grandes falencias de la policía».
La especialista advirtió que con la conformación de Tigres, se les otorga a los militares «un protagonismo en asuntos que no les corresponde, al desdibujar las funciones entre la seguridad y la defensa».
Por su parte, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, señaló a medios locales que Tigres será similar al Batallón 3-16, creado para exterminar y perseguir opositores políticos en la década de 1980. Este cuerpo tuvo la asesoría directa de agentes de la CIA y se asemeja a los grupos de tareas que operaron en las dictaduras militares del Cono Sur.
Entrevistada por La Radio del Sur, la periodista y defensora de derechos Humanos, Dina Meza, denunció que el cuerpo de elite se enmarca en «las mismas acciones que se están tomando desde la década del ochenta con la intensión de reprimir al pueblo hondureño».
«Se tratan de acciones planificadas desde el Departamento de Estado estadounidense para continuar el militarismo en Honduras y para ejercer mayor control sobre una población que están en resistencia desde el golpe de Estado», sentenció.
AVN
