La Superintendencia de Precios Justos publicó en la Gaceta Oficial 40.415, que circuló este jueves, su reglamento orgánico, que detalla su estructura organizativa y las funciones de sus dependencias.
La institución, nacida en enero pasado con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos, está integrada por los despachos de la Superintendente; el Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos; y el Intendente de Protección de Derechos Socioeconómicos.
Un aspecto novedoso dentro de la estructura del despacho de la Superintendente, cargo que ocupa Andreína Tarazón, es la Oficina de Formación, Participación y Atención al Poder Popular, que está encargada de promover la intervención de las comunidades organizadas y otras formas asociativas en la implementación de la Ley, que, entre otros aspectos, vela por un desarrollo armónico de la economía y enfrenta con firmeza los delitos de especulación, acaparamiento y contrabando.
Esta Oficina tiene entre sus funciones implementar mecanismos para hacer efectiva la corresponsabilidad de las comunidades en la aplicación del instrumento legal, así como fomentar proyectos socioproductivos en las comunidades para garantizar el abastecimiento de productos a precios justos.
Por los precios justos
Es el despacho del Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, que está en manos de Karlín Granadillo, el encargado de determinar los precios justos en cualquiera de los eslabones de las cadenas de producción o importación, distribución y consumo; además de fijar los precios máximos y márgenes de ganancias de cada cadena.
La Ley precisa que la ganancia máxima de cualquier actividad económica en Venezuela no podrá superar 30% de su estructura de costos, y también plantea que se pueden establecer márgenes por determinada cadena, siempre respetando el límite de 30%.
Además, debe diseñar e implementar las metodologías para identificar los componentes de la estructura de costos de los bienes producidos, importados y comercializados, y de los servicios prestados en el país, para determinar cuáles intervienen en la determinación del precio.
La Intendencia de Costos también coordinará y supervisará el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), que se activó a finales de marzo y en el que deben inscribirse todos los empresarios de manera obligatoria.
La defensa de derechos
Las inspecciones y fiscalizaciones en las entidades económicas son responsabilidad del Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, que está a cargo de Róger Celestino Prepo García.
Esta Intendencia debe tramitar y decidir los procedimientos administrativos sancionatorios, imponer las sanciones y, además, fijar las condiciones generales de la oferta, promoción y publicidad de bienes y servicios.
El Gobierno impulsa una ofensiva económica dirigida a impulsar la producción y garantizar abastecimiento y precios justos. En esta tarea, la Superintendencia tiene un papel fundamental en las fiscalizaciones que se han activado desde finales de abril por todo el país para velar por los precios justos y el cumplimiento de la Ley.
Desde el 29 de abril pasado, el organismo ha publicado listado de precios justos de tiendas de ropa, electrodomésticos, vehículos y algunos rubros alimenticios.
En febrero, la Superintendencia publicó los criterios que utiliza para la determinación de las estructuras de costos y precisó que el costo real de la producción se definirá según varios criterios: costos de adquisición de materiales y materias primas y los de conversión o transformación hasta su forma final.
AVN
