Los gobiernos adecos y copeyanos de la cuarta república convirtieron la vivienda en una mercancía de alto costo. El esquema de «soluciones habitacionales» era marcado por la reducción del gasto público, tal como lo establecían el Fondo Monetario Internacional y el holding empresarial del momento, en el cual distintos grupos capitalistas y corruptos iban adquiriendo propiedades y firmas diversas para hacerse de esta manera de monopolios constructores, mafias que elevaban los precios de los inmuebles a tales niveles que no existían compradores para poder adquirirlas.
En el caso de las entonces llamadas soluciones habitacionales de emergencia para aquellas familias que quedaban damnificadas, se construían contenedores metálicos, principalmente en las zonas periféricas de las principales ciudades de Venezuela, extensiones de terrenos que poco a poco fueron convirtiéndose en receptáculos de una infraestructura urbanística caótica, carentes de servicios públicos básicos, donde se consolidaron la marginalidad, la pobreza y la desesperanza de los más humildes.
Sólo por tomar ejemplos de la herencia sobre el déficit adquirido, basta con tomar como referencia el gobierno de Rafael Caldera, quien insistió en cada uno de sus dos períodos con las «100 mil casitas por año», promesa que incumplió, además que confinó a familias en 45 metros de construcción; o la presidencia de Luis Herrera Campins (1979-1983) en la que se levantaron 391.893, el mayor número de casa construidas en el puntofijismo, período comprendido entre 1959-1998.
De acuerdo con información de OCEI/INE y otras fuentes oficiales, la evolución del perfil habitacional para 1990 admitía las siguientes consideraciones: existían 3.540.023 viviendas ocupadas en el país. De ellas, 13% (444.034) eran ranchos; asimismo, de ese total, 2.863.702 (81%) contaban con servicio de acueducto o tubería, mientras que apenas 42% de las viviendas marginadas (ranchos) tenían conexión de agua y/o cloaca.
Con la llegada de la revolución la vivienda adquiere rango constitucional como un derecho social fundamental: «Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos…» (CRBV, art. 82)
En el año 2000, el presidente Hugo Chávez anunció la creación del Plan Bolívar, en el cual se contemplaba la edificación de casas para las familias de bajos recursos económicos. Para dar cumplimiento a dicho plan se incorporaron unidades cívico-militares a la construcción de las viviendas.
En 2004 se dio inicio a la Misión Hábitat, destinada a la construcción de viviendas dignas de manera inmediata y articulada con los gobiernos locales.
Para ampliar las obras de infraestructura social, la redistribución de la población y la sustitución de ranchos y casas en condiciones precarias por modernas edificaciones sobre el territorio nacional, en 2007 se creó la Misión Villanueva.
Con el objetivo de impactar en la vida de los sectores más humildes de Venezuela y para dar apoyo a la transformación del hábitat comunal, en los espacios de las comunas, Núcleos de Desarrollo Socialistas y consejos comunales, se creó en 2009 el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
A partir de esta experiencia, en el 2010 nació el plan para la Construcción y Transformación Integral del Hábitat, dando así el impulso necesario a la conformación las brigadas de construcción del poder popular. Con esto se dio el salto cualitativo para la cobertura de las necesidades básicas de la comunidad a través de la planificación, la organización, el control de los proyectos habitacionales y de los medios de producción que garantizan calidad de vida a las familias venezolanas.
Para el cierre del año 2010, de acuerdo con los datos de la Cámara Venezolana de la Construcción, en el período 1999-2010 se habían edificado entre el sector público y privado unas 546.870 viviendas en todo el territorio nacional. De ellas, 284.329 fueron construidas por el estado, un equivalente a 52%.
Con el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el año 2011, los esfuerzos del Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías y el poder comunal se unifican para enfrentar el déficit habitacional generado por el desequilibrio heredado de las viejas prácticas monopólicas y especulativas, que ascendía ya para finales de la década de 1990 a 1.229.595 casas.
Para modificar esta realidad, el presidente Chávez consolidó el concepto de ciudades socialistas, verdaderos ejes y polos de desarrollo integral, que derivan en mejor calidad de vida de los habitantes y estableció como meta de la GMVV la construcción de 3 millones de viviendas para 2019, a razón de 400.000 en 2014, al igual que en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, mientras que para 2019 se prevé construir 260.000.
La GMVV nació entonces con el objetivo de «solucionar el drama de la vivienda, que sólo es posible en colectivo: una unión nacional del sector privado y público, la banca privada y la pública, los trabajadores, los empresarios honestos, los venezolanos y el mundo».
La Misión Vivienda ha cumplido sus objetivos gracias a la acción del poder popular, que participa activamente en la construcción de 62% de las viviendas dignas que se erigen en el país.
Otro dato importante que resaltar es el creciente ritmo de edificación de las viviendas. Al cierre de 2013, la media de construcción de la GMVV se ubicó en 182.624 por año, para un total de 547.873 edificadas en apenas 32 meses, una cifra promedio que duplica el registro de 1992, cuando se ejecutaron 98.532.
