La Red Metropolitana de Inquilinos se pronunció este martes de manera categórica: no es necesario dictar nuevas providencias administrativas parta congelar los alquileres por cuanto ya existe la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que le otorga a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) la facultad para definir los cánones de arrendamiento y precisa el procedimiento y la fórmula para ello.
De este modo, el grupo expuso su respaldo a la decisión de Sunavi de no continuar dictando la providencia de congelación de los alquileres.
«Consideramos que es una medida que le da seguridad jurídica al pueblo inquilinario y que hace cumplir la primera ley propuesta por iniciativa nacional», señaló este martes Yurani Prado, una de las voceras de la Red y quien habló en nombre de otros colectivos impulsores de esta normativa jurídica, como el Frente Socialista de Inquilinos del estado Aragua, la Unión Bolivariana de Inquilinos de Carabobo, el Frente de Inquilinos de Mérida y el Movimiento de Inquilinos de Falcón.
Explicó que el objetivo de dicha providencia, que era enfrentar el carácter especulativo de los cánones de arrendamientos, ya está garantizado por la ley pues ésta define el procedimiento para la fijación de los alquileres. «Sunavi tiene la competencia para fijar el canon. Ningún propietario ni administradora pueden aumentarlo. El que por su cuenta lo haga será multado con cien unidades tributarias», recordó.
Apuntó que ese congelamiento pudo proteger a los inquilinos mientras se organizaron para crear el proyecto de ley, en cuya discusión participaron todos los sectores involucrados. «Las providencias se prolongaron hasta que existiera normativa que regulara la materia. Ahora la tenemos, lo que hay es que hacer cumplir la ley, dar seguridad jurídica a todo el pueblo inquilinario y hacer cumplir la primera ley propuesta por el pueblo legislador. Esas son nuestras banderas», puntualizó.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en noviembre pasado, ocho meses después de que se introdujera el anteproyecto de ley por iniciativa popular.
Colectivos de inquilinos redactaron el anteproyecto, que luego fue sometido a discusión en la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento. En este debate también participaron activamente los integrantes de los movimientos de inquilinos, y se escuchó a representantes de arrendadores y organismos técnicos.
El instrumento jurídico le otorga a la Sunavi la atribución de definir los cánones y establece en su artículo 77 que el alquiler oscilará en una banda de entre 3% y 5% de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble.
Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia deberá tomar en cuenta el valor de reposición (cuánto costaría construir el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, el valor de depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región. Ese valor de reposición será fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en bolívares por metro cuadrado. Está pendiente por definirse.
«Es hora de que esa parte se aplique para que se dé seguridad jurídica a ambas partes: propietarios e inquilinos», agregó la vocera de la Red.
Ley garantiza igualdad
Prado resaltó que la nueva Ley brinda un equilibrio en la relación arrendador-arrendatario, pues garantiza la fijación de cánones justos y a la vez establece la obligatoriedad de pago de alquiler, cuyo incumplimiento da pie a la apertura de un proceso administrativo.
La vocera estimó que los inquilinos que se han opuesto a la decisión de la Sunavi de no continuar congelando los alquileres constituyen conductas individuales.
Representantes del Movimiento de Inquilinos de Caracas, Vargas y Guatire y el Colectivo Popular de Vivienda de Parque Central han señalado que la congelación es un «elemento imprescindible para la lucha contra la especulación inmobiliaria» e indicaron que la decisión de no renovar esa medida debió haber sido consultada.
Prado salió al paso a esta apreciación y recordó que simplemente se va a aplicar una ley que, además, fue ampliamente discutida.
Por su parte, Albaluz Páez, también integrante de la Red Metropolitana, lamentó que exmiembros del grupo ahora tengan posiciones «tan negativas en este momento álgido» en que finalmente se aplicará la Ley.
Dubraska Gómez, inquilina del edificio Boconó ubicado en Colinas de Bello Monte e integrante de la Red, estimó que quienes se oponen han fomentado confusión entre los arrendatarios. Afirmó que la Superintendencia, dirigida por Ana Marina Rodríguez, quien también forma parte de la Red, se ha organizado para dar respuesta a los inquilinos de todo el país.
«Yo fui una de las que asistí a la discusión de los artículos. Nos sentimos orgullosos al ver cómo pudimos cambiar una ley que amparaba a una minoría con poder», expresó.
