Este miércoles, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, consignó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo autónomo contra las acciones desestabilizadoras de la Asamblea Nacional, acaecidas el pasado mes de octubre en el país.
Muñoz explicó que la AN se ha dedicado a elaborar actuaciones jurídicas al margen de la ley, “que no guardan relación alguna con instituciones del derecho constitucional venezolano”, con las cuales “ha emitido amenazas contra (el resto de) los poderes públicos”.
La más grave hasta el momento es la elucubración de un «juicio político» contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual representa una aberración jurídica porque es “inexistente en nuestra Constitución”.
Además, la Asamblea anunció la sustitución por la vía de los hechos de las máximas autoridades del TSJ y del CNE, instando a la población para que ejecute «acciones de calle» contra estos poderes públicos, de no cumplir los plazos autoimpuestos para sus peticiones, incurriendo a su vez en el delito del llamado al desacato a la autoridad y desconocimiento de la institucionalidad venezolana.
Actos que cuentan con el acompañamiento de los voceros de los partidos políticos de derecha, quienes llaman a tomar la calle, todo lo cual construye un escenario muy similar al de abril de 2002 y 2014, colocándonos ante un golpe de Estado parlamentario, similar al ocurrido recientemente en Brasil.
“Un análisis de la sucesión de estos hechos, a partir de enero de este año, advierte sobre la ejecución planificada del quebrantamiento del orden constitucional”, comentó el procurador.
Además, señaló la necesidad de que el TSJ ejecute “cuantas previsiones sean necesarias» para sancionar las acciones inconstitucionales ejercidas por la AN, así como «la apología a la violencia y el irrespeto de los poderes nacionales”, en aras de mantener la institucionalidad democrática venezolana.
Asimismo, el procurador general reiteró el llamado del Gobierno Nacional a la sensatez, y la necesidad de ajustarse siempre al marco jurídico por parte de las instituciones del Estado porque, en Revolución, los funcionarios públicos deben proteger el derecho del “pueblo venezolano, (que) quiere y merece vivir en paz”.
Prensa Mippci
