El proyecto de privatización de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), propuesto por el partido Primero Justicia ante la Asamblea Nacional (AN), atenta contra la posibilidad de que las familias venezolanas puedan acceder a un hogar digno, construido por este programa social creado por la Revolución Bolivariana en 2011, y que hasta la fecha ha edificado y entregado más de 1,2 millones de casas en todo el país.
El diputado por el bloque de la Patria, Ricardo Molina, indicó este jueves que el documento presentado por la derecha pretende «disfrazar el objetivo de mercantilizar la Misión Vivienda y quitarle el derecho a esos dos millones de familias que todavía no tienen vivienda y que la van a tener de aquí al 2019», cuando está previsto alcanzar la meta de 3 millones de viviendas finalizadas.
Durante su intervención en la sesión plenaria de la AN, el también integrante permanente del Órgano Superior de Vivienda, denunció que la propuesta de la derecha «es absurda, pretende engañar al pueblo, y constituye un proyecto impertinente, que no tiene fundamento, viola la Constitución y las leyes establecidas, como la Ley de Registros y Notariado, y la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones».
Asimismo, señaló que el documento pretende desconocer la Ley Orgánica de Emergencia en Terrenos y Viviendas, la Ley de Régimen de Propiedad de Viviendas, la Ley Especial de Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, y la Ley para Determinación de los precios justos de Viviendas e Inmuebles, entre otros instrumentos implementados por el Gobierno nacional para proteger al pueblo.
Indicó que el texto de Primero Justicia busca convertir la vivienda en una mercancía en beneficio de sectores económicos como la banca e inmobiliarias privadas, y someter al pueblo a sus intereses y acciones especuladoras, tal y como fue la constante durante la IV República.
Molina cuestionó que el proyecto, que se escuda en la supuesta necesidad de llenar un vacío jurídico, es una «ley disfraz que persigue volver a aplicar leyes del mercado para valorar los terrenos, para que el pueblo no pueda acceder más nunca a ellos, porque tienen un precio especulativo. Esa mercantilización de los terrenos – que se tasarían de acuerdo con el mercado- para la construcción de las vivienda pretender ser la la sepultura de la GMVV».
Precisó que el documento planteado por la derecha crea modalidades de intercambio de bienes y servicios e instrumentos financieros como medio para cubrir el pago de los terrenos.
«¿Van a pagarle a la burguesía los terrenos con acciones de Pdvsa , de Cantv, de Sidor cuando las privaticen? Nosotros se lo pagamos en bolívares y calculados con una Ley justa, hecha en revolución, y que no vamos a permitir que se derogue», expresó en transmisión de Globovisión.
El parlamentario patriota denunció que con el proyecto aprobado en primera discusión por la mayoría parlamentaria de la derecha, se pretende eliminar también la protección y el respeto a la familia, provilegiando la propiedad individual, y cerrarle la puerta al pueblo venezolano para que pueda adquirir la vivienda a precio justo construida con calidad y en los mejores terrenos.
«En revolución se construyen viviendas para alojar a la familia, como asiento, como hogar, donde nuestros niños y jóvenes crezcan en felicidad y seguridad, y ellos lo que pretenden es que no importe la felicidad de la familia sino quién tenga con qué pagar», explicó.
Adicionalmente, los partidos contrarios al proyecto Bolivariano tienen previsto, tal y como planteó el diputado de Voluntad Popular Ismael León, decidir quién puede o no habitar en los urbanismos de la Misión Vivienda, de acuerdo con un criterio que no precisó.
Obstáculos a la participación popular
Otro de los puntos que denunció Molina se refiere al interés de los parlamentarios de la derecha en bloquear la participación del Poder Popular organizado en el diseño y planificación de políticas habitacionales, limitando sus acciones a la construcción.
«Esto afectaría a movimientos de pobladores, consejos comunales, y todas las organizaciones populares que participan en la planificación de sus viviendas. Le están dando un golpe al pueblo. Ellos plantean volver a las ‘soluciones habitacionales’ (viviendas precarias y de escasos metros construidas por la IV República), mientras que nosotros construimos viviendas», criticó en su intervención.
Asimismo, cuestionó que la propuesta de Primero Justicia prevé eliminar el derecho de preferencia que tiene el Estado para readquirir las vivienda en los primeros 5 años, que fue implementado en 1928 con la creación del Banco Obrero, y que «existe en todo el mundo, porque las viviendas se construyen con plata del pueblo».
Documento de propiedad
El diputado Molina aclaró en su intervención en la plenaria que las familias viviendo venezolanas cuentan con un documento legal que les garantiza la propiedad de sus hogares dignos.
La derecha niega que se emiten y firman documentos de propiedad en los registros públicos de todo el país, pero el Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat (Banavih), el Órgano superior de vivienda, junto con los registros y el pueblo protocolizan los documentos de acuerdo con la Ley del Régimen de Propiedad para la Vivienda todos los parámetros.
Explicó que este documento establece que el vendedor es la Inmobiliaria Nacional, que el comprador es la familia que adquiere «una vivienda de 97 metros cuadrados, con un valor de 1 millón 83 mil bolívares, con sala comedor, cocina, tes habitaciones, tres baños; y que será financiada a un plazo de 20 años, con una cuota financiera de 6.995 bolívares; una tasa de interés de 4,66%; y cuotas mensuales que no pueden exceder el 19% del ingreso».
Molina también aprovecho para aclararle a los diputados de la derecha que estos documentos son protocolizados en los registros públicos, y no en las supuestas Oficinas de Registros Inmobiliarios.
«Vayan a los registros de todo el país a ver los miles de documentos que se están protocolizando, mientras que nosotros iremos a la calle a explicarle al pueblo la verdad de esta propuesta», dijo.
