El expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares responsabilizó al gobierno de su país por el conflicto diplomático y económico con Venezuela, que se agudiza a partir de hoy con la prohibición de operaciones de aerolíneas venezolanas en Panamá.
En su criterio si existen diferencias o inconsistencias entre ambos gobiernos, el ejecutivo panameño debió sacar del sistema financiero de Panamá a los altos funcionarios de la nación vecina, sin exponerlos en una lista de riesgo y así no llegar al enfrentamiento, dijo el exmandatario en un encuentro con empresarios locales.
Pérez Balladares, agregó que «la reacción de Venezuela era de esperarse; es decir, tú no puedes hacer lo que hiciste a ese gobierno y esperar que se iban a quedar callados», declaró en canal local al finalizar la reunión.
Por otra parte, el gabinete ejecutivo aprobó que a partir del 25 de abril de 2018, por un período de 90 días prorrogables, la suspensión de todas las actividades de transporte aéreo, de pasajeros y carga de las líneas aéreas venezolanas que operan en el istmo, basado en la reciente ley de retorsión.
Aeropostal Alas de Venezuela, S.A., Avior Airlines, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa), Línea Aérea de Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aéreas de Venezuela, S.A. (Ravsa), Santa Bárbara Airlines y Turpial Airlines, C.A., según informó la Presidencia panameña, son las afectadas.
Es de señalar que la sanción inicial que causó la diferencia diplomática, se inició cuando una comisión panameña publicó una «lista de venezolanos» considerados de alto riesgo, por estar supuestamente inmersos en lavado de dinero y apoyo al terrorismo, que incluyó entre otras personalidades, al presidente Nicolás Maduro, sin que se presentaran pruebas concretas que avalaran esa lista.
El gobierno venezolano reacciona lógicamente sancionando a 46 empresas panameñas y 22 personas naturales del país, entre las que incluyó la aerolínea COPA y el gabinete en pleno, encabezado por el mandatario, Juan Carlos Varela, medida respondida con la retirada del embajador panameño en Caracas.
Al mismo tiempo, pidieron que se marchara el representante bolivariano del territorio panameño, lo que coincidió con la decisión de Venezuela de llamar a consultas a su embajador Jorge Durán.
No obstante movimientos sociales se hacen solidarios con el proceso revolucionario sureño y acusan de servil la actitud del gobierno panameño, apoyada por el Grupo de Lima del cual forma parte, y patrocinada por el Departamento de Estado norteamericano.
La organización social Polo Ciudadano apoyó la respuesta venezolana al afirmar que «el lacayo Varela y su cancillería han tenido la respuesta que merecían», en un comunicado en el cual aclaró que las medidas no son contra el pueblo panameño, sino «contra el gobierno corrupto e impopular (…) y los empresarios que lo sostienen».
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