El diputado del Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño, denunció que Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, «juega el papel ruin de desestabilizar la democracia», así lo argumentó, este martes, en el antejuicio de mérito que inició el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la remoción de su cargo.
En este sentido, Carreño sostuvo que «el Ministerio Público y la AN han asumido la inestable y ruin tarea de generar el conflicto constante, de allí se desprende el comportamiento de la ciudadana Ortega Díaz», señaló.
Asimismo, el diputado explicó que «la ciudadana (fiscal) señaló que no evaluó públicamente la elección de los magistrados, declaraciones que fueron negadas por el defensor del pueblo y desmentidas públicamente», y afirmó que la solicitud de antejuicio de mérito para la ciudadana Luisa Ortega Díaz ante el TSJ representa «un acto de profundo significado republicano, en apego a la legalidad constitucionalidad, al Estado de derecho».
Al tiempo, ofreció un «análisis de la coyuntura que estamos viviendo para relatar los motivos que llevaron a este ciudadano venezolano a traer un escrito y solicitar al TSJ que se haga justicia respecto al comportamiento de la fiscal general de la república».
El diputado denunció que, en el país, la derecha internacional está aplicando «la misma metodología de la Primavera Árabe, al derrocar gobiernos e imponer otros poderes a conveniencia por motivos eminentemente petroleros, como en Siria, Irak, Irán y ahora Venezuela, otro país petrolero, que recibe inclementemente los ataques para cambiar por vías no legales, no democráticas, los gobiernos legítimamente elegidos».
En este sentido, Carreño agregó que «a la luz del Estado de derecho, es imposible privatizar los servicios públicos, la salud, vivienda, agua potable y apoderarse de las riquezas petroleras la mano extranjera, por eso, (la irrupción) tiene que llegar de forma abrupta y anticonstitucional».
Recordó al Comandante Chávez cuando advirtió que «no faltarán quienes traten de llevarnos al neoliberalismo, pero no podrán», aseguró.
Ante esta coyuntura, Carreño recordó el artículo 2 de la Carta Magna, que afirma que «Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y justicia que propugna la vida, solidaridad, democracia, responsabilidad social, ética, preminencia de derechos humanos y pluralismo político».
El diputado citó el artículo 136 del Poder Público, que se distribuye en Nacional, Legislativo, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral, y argumentó que «atacando la conformación del Poder Público, se busca generar la sensación de que en Venezuela existe un conflicto de poderes, la Asamblea Nacional asumió esa primera tarea junto a la señora Luisa Ortega, que tomó la misión de crear un Estado fallido».
«No podemos caer en el maniqueismo, nuestra Carta Magna no presupone la autonomía del Poder Legislativo antagónico al Poder Electoral, Judicial y Ejecutivo, eso es una anarquía; no es democracia, por tanto, estas conductas buscan exponer que el Estado de derecho colapsó y hay conflicto de poderes», denunció Carreño.
Señaló la falta grave de la fiscal, «al pretender deslegitimar al Poder Ciudadano, según el artículo 22, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, para deslegitimar este acto, dijo que no sabía cómo este ciudadano obtuvo las pruebas, de la elección de los 33 magistrados designados y 22 suplentes para el TSJ, cuando alegó que el proceso estaba errado».
Asimismo, Carreño recordó que la fiscal «sostuvo que si las firmas acarreaban responsabilidad, ellas las asumía, en virtud de que sí firmó las actas del Poder Ciudadano, he decidido iniciar el procedimiento de remoción de su cargo, conforme al artículo 22 del COPP ante el TSJ».
Explicó que las declaraciones de Ortega Díaz señalaron que «estaba tan plagado de irregularidades el acto, que ni siquiera (la fiscal) fue invitada», por lo que Carreño anexó copia certificada de invitación del defensor del pueblo firmada y sellada por el despacho de la fiscal en el documento.
El diputado explicó que el cuerpo colegiado está conformado por tres miembros, si uno no asiste, dos pueden aprobar, y esto fue desconocido, «para decirle al país y al mundo, acusó al presidente del TSJ de que no había firmado el acta, cosa que es falsa, pues estoy consignando la copia del acta firmada por ella en fecha 16 de diciembre de 2015, aprobada por unanimidad con la firma de Luisa Ortega Díaz, copia certificada del acta manuscrita y transcrita en el libro sin objeción y firmada por unanimidad».
Carreño denunció que la fiscal busca «hacer constar hechos que no sucedieron, y según el artículo 22, numeral 9, del COPP, al hacer constar que no participó en la selección de los candidatos a magistrados, al no notificar el hecho supuesto, sino dos años después, lo que deja en entredicho es la ética de la ciudadana fiscal, después de haber solicitado actuaciones en estos dos años, conociendo los poderes legítimos del Estado», expuso.
Recordó que «atentar, amenazar, lesionar la ética pública y moral administrativa, actuar con grave beligerancia y en desconocimiento al derecho y las atribuciones de la Constitución y tomar una actitud parcializada y política que va en contra de la institucionalidad y realizar activismo político o partidista viola los principios de la Constitución», actuaciones todas cometidas por la ciudadana fiscal, señaló Carreño.
«La fiscal no se ha enterado (no se ha pronunciado), de la quema de seres humanos vivos, el bombardeo de un helicóptero al TSJ y Ministerio del Interior, el asedio a hospitales, el saboteo del agua potable, la electricidad, los servicios públicos, todas actuaciones que prefiguran una actuación contraria al deber ser de lo que contempla la Constitución», denunció el diputado.
Finalmente, Carreño destacó que en el artículo 137 de la Carta Magna, «se establece las atribuciones del órgano del Poder Público, a las cuales deben sujetarse todos los poderes, la discrecionalidad de la institución judicial se la da a la Sala Plena del TSJ, la Constitución, no a la fiscal general de la república», argumentó.
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