El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, ratificó este jueves el reimpulso que el Gobierno Nacional ha dado al combate al contrabando y al acaparamiento de alimentos y demás bienes, y recordó que este miércoles, en el estado Táchira, las autoridades comisaron 910 toneladas de alimentos.
«Ayer continuamos en nuestro despliegue permanente de ofensiva económica, inspeccionando y fiscalizando expendios en el estado Táchira», escribió en la red social Twitter.
Esta iniciativa, efectuada junto con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello; el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CeoFanb), Vladimir Padrino López; y el gobernador José Vielma Mora, implicó inspecciones en unos ocho galpones, desde el sector Barracas hasta Valle Hondo.
«Recordemos que desde la semana pasada reimpulsamos esta lucha frontal contra el contrabando y el acaparamiento de alimentos y bienes», apuntó el ministro a través de @FelixOsorioG.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha resaltado la lucha del Estado contra el contrabando de extracción, que desvía alimentos y productos básicos regulados en Venezuela hacia Colombia, lo que atenta contra el abastecimiento en el territorio nacional. Se estima que 40% de los artículos nacionales esenciales termina en la nación vecina por esta vía.
El 29 de enero pasado, el mandatario reafirmó la disposición del Gobierno de combatir este delito. «Vamos a activar un plan especial, el Plan de Choque Colombo-Venezolano contra el Contrabando. Le vamos a meter las tenazas al contrabando y los vamos a triturar. Vamos a triturar a las mafias que dirigen el contrabando, que tanto afectan la economía nuestra, a nuestro pueblo», dijo en La Habana, Cuba, luego de un encuentro bilateral con su homólogo neogranadino, Juan Manuel Santos.
Este jueves, los cancilleres de ambos gobiernos evaluarán los planes de acción en ese sentido, durante un encuentro que sostendrán en el estado Zulia.
La Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el 23 de enero pasado, contempla prisión de 10 a 14 años para quienes incurran en este delito.
