La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó este miércoles de trascendental la decisión del Gobierno Nacional de combatir la corrupción.
Entrevistada en Globovisión, recordó que la Constitución Nacional faculta al Presidente de la República para solicitar la Ley Habilitante.
«La Constitución consagra de manera expresa que el Presidente de la República puede, dentro de sus atribuciones, solicitar que se le habilite para dictar leyes», explicó Ortega Díaz, quien rememoró que en la historia democrática de Venezuela todos los presidentes han solicitado leyes habilitantes.
Refirió que hay un conjunto de planes y proyectos sociales que algunas veces se ven mermados debido a hechos de corrupción, lo que compromete seriamente los fines del Estado, que busca el bienestar de la sociedad.
Ante eso, enfatizó que es necesaria la propuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien este martes solicitó a la Asamblea Nacional (AN) la aprobación de la Ley Habilitante que le permita legislar para enfrentar la corrupción y tratar el tema económico.
«Si para eso requiere poderes especiales, como una Habilitante, yo creo que la Asamblea Nacional debe otorgarle (a Maduro) esos poderes», dijo Ortega.
Asimismo, consideró necesario modificar algunos instrumentos jurídicos, en especial los referidos a la entrega de divisas para enfrentar a aquellos que pretenden imponer sus intereses personales más allá de la producción y desarrollo económico del país.
Igualmente, Ortega Díaz destacó que durante el Gobierno bolivariano se han enjuiciado, sin distinción, a diversos actores políticos, lo que se contrapone con lo ocurrido en la Cuarta República, cuando no se enjuiciaban a los altos funcionarios por hechos de corrupción, sino a aquellos que ocupaban cargos de menor jerarquía.
La fiscal Luisa Ortega Díaz especificó que desde el 26 de julio hasta el 3 de octubre, han sido aprehendidas 278 personas por estar incursas en delitos de corrupción.
Subrayó que los hechos involucran tanto a particulares como a funcionarios públicos e indicó que se investigan y enjuician a alcaldes, diputados y demás funcionarios, que ya no forman parte del Gobierno Nacional.
En fase de juicio
Durante la entrevista de este miércoles, Ortega Díaz también notificó que el caso de Walid Makled está en fase de juicio. «Está privado de libertad y están privadas de libertad también las personas relacionadas con ese caso», manifestó.
Apuntó que ni Colombia ni Estados Unidos han remitido la información solicitada para esclarecer el caso de Walid Makled, quien fue extraditado desde la vecina nación a Venezuela en mayo de 2011, y es juzgado por los delitos de legitimación de capitales, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como por asociación para delinquir y sicariato en grado de determinador en perjuicio del periodista Orel Sambrano y del médico veterinario Francisco Larrazábal.
La titular del Ministerio Público, además, hizo mención al caso de la diputada a la Asamblea Nacional (AN) María Mercedes Aranguren, por el estado Monagas.
La parlamentaria fue designada como presidenta de la empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín en la gestión del ex gobernador José Gregorio Briceño, a través de la cual realizó contratos en dólares con empresas extranjeras, sin la debida autorización del Estado venezolano.
La diputada dispuso de los recursos de esta empresa para contratar a artistas internacionales, lo cual no estaba presupuestado.
«Hay un conjunto de irregularidades alrededor de esa empresa que manejó ella como presidenta y suscribió los contratos, que deben ser investigados», comentó Ortega Díaz.
Más de 400 mil denuncias reportadas
Desde el pasado mes de enero hasta la fecha, el Ministerio Público ha recibido más de 400 mil denuncias, precisó la Fiscal General de la República.
Puntualizó que la institución que dirige tiene como objetivo combatir el retardo procesal, acabar con la impunidad y velar por el cumplimiento de la justicia.
Ortega Díaz señaló que para agilizar la atención de las denuncias se han fortalecido y creado nuevos despachos fiscales.
Con la misma misión el MP ha ampliado las oportunidades de especialización de los fiscales y establecido fiscalías penitenciarias, así como la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales.
También se han creado unidades técnicas de investigación, telefonía, financiera y de tratamiento especial de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Adicional a ello, se han acondicionado los despachos fiscales.
«El Estado ha hecho un gran esfuerzo por atacar el retardo procesal y por reivindicar el principio constitucional del enjuiciamiento en libertad», añadió Ortega Díaz.
Detalló que el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio para Servicios Penitenciarios, y la Defensoría Pública trabajan en conjunto en una agenda única en Caracas para las fases de juicio.
Expresó que la agenda única tiene unos dos meses de creación y ha permitido realizar más juicios «que en tres o cuatro años». «Ha sido un verdadero éxito», agregó.
Ortega Díaz informó, además, que este miércoles se realizaron inspecciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en La Guaira, estado Vargas, donde se detectaron irregularidades en el uso del cupo de moneda extranjera otorgado por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
En las fiscalizaciones efectuadas a las líneas aéreas se detectaron pasajeros que poseían tarjetas de créditos de las que no eran titulares, entre otras irregularidades.
En dichas inspecciones participaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
«Consideramos que estas acciones, que las vamos a seguir implementando, son necesarias porque el tema de Cadivi está relacionado con el tema de la corrupción y eso hay que abordarlo», comentó la Fiscal.
Detenidos por violencia
Ortega Díaz anunció que un total de 38 personas están privadas de libertad por su presunta vinculación con los hechos violentos promovidos por la derecha el pasado 15 y 16 de abril, tras desconocer los resultados de la elección presidencial del 14 de abril.
Resaltó que hay otras órdenes de captura por dichos actos violentos y acotó que las investigaciones no han concluido.
«No descartamos la posibilidad de seguir profundizando en esta investigación, y llamar al Ministerio Público a las personas que se presuman responsables tanto de la autoría material como intelectual», sostuvo.
Luego del desconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril, por parte de quien resultara perdedor, Henrique Capriles Radonski, y su llamado a la calle el 15 y 16 de abril, una ola de violencia en el país dejó como saldo 11 personas fallecidas, 78 heridos y daños materiales en centros asistenciales, sedes de partidos políticos revolucionarios e instituciones públicas.
AVN
