Luego de la derrota sufrida en las elecciones presidenciales del pasado domingo 14, la oposición reedita, con redoblada violencia, las guarimbas del año 2004 en un evidente intento por desestabilizar la democracia venezolana.
Mientras que hace nueve años las acciones foquistas provocaron nueve muertos y 193 heridos, a lo largo de cinco días, en menos de 24 horas los nuevos actos terroristas han dejado el saldo de 7 fallecidos y 61 lesionados, todos identificados con la Revolución Bolvariana.
La violencia callejera se desató luego de que el candidato perdedor de los comicios presidenciales, Henrique Capriles Radonsky, convocara la tarde de este lunes, 15 de abril de 2013, a protestar contra la proclamación del vencedor de la contienda, Nicolás Maduro, como Presidente electo de la República.
La escalada opositora focalizada está encendida por todo el país. Las víctimas de esta nueva ola de violencia desatada son dos del estado Miranda, dos del estado Sucre y tres del estado Zulia. Los hechos vandálicos de un pequeño- pero cargado de odio- grupo opositor también ocasionaron la quema de ocho Centros de Diagnóstico Integral (CDI), tres casas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y tres instalaciones de la red de distribución de alimentos Mercal, cuyos trabajadores fueron agredidos verbalmente y asediados.
El mismo libreto, los mismos protagonistas
Las guarimbas, tanto del año 2004 como la actual, se han sustentado en la protesta por decisiones del Consejo Nacional Electoral. Destaca que en ambas el odio se desató por el llamado irresponsable de dos gobernadores del estado Miranda: Enrique Mendoza y Henrique Capriles Radonsky.
En el 2004, la violencia arrancó en Caracas, el 27 de febrero, cuando grupos de opositores se congregaron en diferentes lugares del este para participar en la movilización convocada para protestar la decisión del árbitro electoral de llevar a reparo planillas con firmas de dudosa legitimidad, llamadas firmas planas.
Los violentos querían alcanzar el Teatro Teresa Carreño, donde se celebraba la cumbre presidencial del Grupo de los Quince. El resultado fue un muerto y decenas de heridos, el alumbrado público destrozado, objetos incendiados; así como piedras, palos, tubos y hasta camiones atravesados en autopistas para obstaculizarlas.
Como la ruta de la protesta incluía la bajada de Maripérez, otro grupo de fanáticos incendió las casas de los partidos Movimiento V República (MVR), actual Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Patria Para Todos (PPT).
Estos hechos se extendieron desde los alrededores de la Plaza Venezuela hasta la autopista Francisco Fajardo, la cual obstaculizaron con vehículos de transporte de carga pesada.
Con el paso de las horas, las acciones terroristas se focalizaron en el este de Caracas, La Guardia Nacional y la Policía Militar tuvieron que asumir la defensa de la ciudadanía, porque la Policía Metropolitana y las policías municipales de Chacao y Baruta nada hicieron para restablecer el orden público.
Henrique Capriles era el alcalde de Baruta, Leopoldo López de Chacao. Hoy siguen con las banderas del odio y la desestabilización en sus manos.
El foquismo se multiplicó en varios estados, pero en Caracas comenzó a ser rechazado por los mismos opositores al Gobierno, porque las barricadas impedían su libre tránsito y los arrebatados dañaban sus bienes y los alrededores de sus hogares.
El 4 de marzo las manifestaciones cesaron, pese a que algunos muy pequeños focos resistieron un poco más.
Ni un día más
La inmediata y contundente acción del gobierno revolucionario y demás instituciones del Estado vinculadas a la seguridad de las y los ciudadanos que viven en Venezuela ha impedido que este martes se cumpla el llamado de Henrique Capriles Radonsky a protestar en las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Voceros gubernamentales, entre quienes destacan el mismo presidente electo, Nicolás Maduro y el ministro del poder popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, han garantizado que no será permitido ni un hecho de violencia más y que los responsables serán legalmente castigados.
“Ni un milímetro de desestabilización permitiremos, ejerceremos la autoridad legítima”, garantizó el ministro Reverol y añadió “Vamos a seguir actuando con la autoridad legítima que nos confieren la Constitución y las leyes con el debido respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, el presidente Maduro anunció que no será permitida la marcha planificada por los opositores para formalizar ante el CNE la solicitud de una auditoría de los votos de las elecciones presidenciales, en resguardo tanto de quienes viven y trabajan en el centro de Caracas, como de los mismos seguidores de Capriles, quienes podrían ser víctimas de actos terroristas como los del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
“Mano dura voy a poner frente al fascismo y la intolerancia», dijo.
Por su parte, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que hay 135 detenidos en el país y explicó que los hechos acaecidos “pudieran configurar delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes y rebelión civil».
Nueva ofensiva mediática
Siguiendo el libreto del 2004, ante el control gubernamental de la ola de protestas y violencia, la oposición emprende hoy una nueva ofensiva mediática negando que su responsabilidad en los hechos y tratando de endosarle la culpa a la revolución.
En aquella oportunidad, con imágenes de las víctimas de la violencia que ellos mismos desataron, sospechosamente ocurridas en lugares donde existían cámaras de televisión, montaron una muy bien orquestada campaña mundial contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, acusándosele de violador de los derechos humanos.
Por supuesto que los medios privados de la derecha nacional e internacional nunca dijeron que uno de los muertos fue víctima de disparos de un arma casera (la llamada metra) usada por los provocadores a sueldo de la autoproclamada «oposición democrática”, que seis miembros de la Guardia Nacional fueron heridos de bala, uno en el rostro, otro en las piernas, mientras trataban de preservar el orden en el país.
Tampoco informaron que Carlos Melo, dirigente del partido Causa R en ese entonces, fue detenido cuando portaba dos fusiles automáticos livianos, conocidos como FAL, arma de guerra de exclusivo uso militar desechada ya por los ejércitos del primer mundo porque un cartucho de ese calibre es capaz de partir una persona en dos.
Mucho menos publicaron que se detectó, mediante el uso de la técnica del ATD, la presencia de pólvora en las manos de dos policías de Baruta (policía municipal a cargo de Henrique Capriles Radonsky para ese momento), testificándose así que fueron miembros de este cuerpo policial y no de la Guardia Nacional los que estuvieron manipulado armas de fuego contra los manifestantes.
No se difundieron las imágenes del allanamiento a una casa particular donde se descubrieron uniformes militares y diferentes tipos de armas, ni las de la brutalidad con la que destruyeron las sedes del Movimiento Quinta República y del Comando Ayacucho, ubicadas en la Avenida Libertador y Los Caobos respectivamente.
Ahora la situación es otra. El pueblo empoderado, educado, pleno de conciencia, está preparado y sabe recabar las pruebas mediáticas sobre los abusos de los opositores para mostrarlas y desmontar la manipulación.
Prensa MinCI
