El domingo 15 de agosto de 2004, cuando en el país se realizaba un inédito proceso de Referéndum Revocatorio la oposición venezolana continuaba con la campaña de descrédito que adelantaba desde días antes contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual se hizo extensiva a los observadores internacionales que estuvieron presentes.
Numerosas organizaciones y personalidades de diversos países, encabezadas por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA), participaron del proceso electoral, invitados por el CNE, y recibieron su cuota de desprestigio y deslegitimación a través de los medios de comunicación privados.
La oposición, agrupada en la llamada Coordinadora Democrática (CD), presentó ante estas organizaciones comunicaciones diversas en las que se acusaba al CNE de cometer irregularidades, las cuales fueron ampliamente difundidas en la prensa escrita y la televisión en los días previos a los comicios.
Sin embargo, el mismo día del referéndum, el diario El Nacional publicó en las páginas A-2, A-4 y A-5 de la sección Política, una serie de notas en las que la operación de desestabilización alcanzó no sólo al poder electoral venezolano, sino a los veedores internacionales, a los cuales se les achacaron incluso «responsabilidades por lo que pueda suceder a los medios de comunicación social amenazados».
El dirigente y entonces miembro de la CD, Pompeyo Márquez, fue el autor de estas declaraciones, reseñadas en la página A-2 del rotativo, que textualmente citaban: «A Chávez, y extiendo a la OEA, a la ONU y al ex presidente Jimmy Carter, la responsabilidad de lo que pueda suceder a los medios de comunicación social amenazados».
El artículo, cargado de advertencias sobre hechos supuestos, como una situación de tensión contra los medios a fin de evitar la cobertura del proceso de votación, «por parte de esos círculos violentos que el chavismo ha engendrado», apuntaba, como otros aparecidos en El Nacional de esa fecha, a resquebrajar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de legitimar el referéndum y sus resultados.
Al referirse al tema de la violencia, el periodista José Vicente Rangel, manifestó recientemente en su programa dominical, que «si alguna oposición en el mundo o en la región latinoamericana se ha caracterizado por el culto a la violencia, es la venezolana» y citó ejemplos como el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero y las guarimbas.
«En pocas palabras los violentos históricos, acusando de violencia a los demás para despistar a la opinión pública y crea situación que faciliten caotizar el poder electoral», señaló.
En la edición de ese 15 de agosto de 2004, en la página A-5, además se reseñó la reunión que los observadores invitados sostuvieron con representantes de los medios de comunicación (públicos y privados) el 14 de agosto, la cual fue calificada de «electrizante, con exposiciones cargadas de tinte político por parte de algunos de los veedores» y en la que además, se criticó el hecho de que «casi todas las intervenciones de los observadores incluyeron reproches a los medios privados por parcializarse a favor de la oposición».
Estas críticas provocaron en los representantes de medios privados tal indignación, que Eduardo Salinas, asistente en nombre de los canales de televisión privados, abandonó la reunión, cuando el entonces presidente de Venezolana de Televisión (VTV) y hoy opositor al gobierno de Hugo Chávez, Vladimir Villegas, declaró que en el país los medios privados ejercían violencia mediática.
El amplio centimetraje del que la Coordinadora y voceros de la oposición gozaron en el matutino, principalmente para socavar la institucionalidad y confiabilidad del ente electoral, aumentó para incluir además líneas contra toda persona u organismo cuyas declaraciones supusieran un punto de vista positivo a favor del CNE y su transparencia.
«Lo que sí no difundirán ni la OEA ni el Centro Carter serán las irregularidades de cierta gravedad que pudieren detectar hoy durante la votación», refería El Nacional en una nota informativa aparecida la página A-6.
AVN
