El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó que este martes se llevará a cabo una reunión entre el Ministerio para el Trabajo y dueños de empresas que distribuyen productos de primera necesidad junto a la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, para tratar temas laborales y afinar detalles con respecto a la instalación del plan captahuella y del sistema biométrico «contra el bachaqueo» o contrabando de extracción de alimentos.
«Mañana hay reunión con Ansa, Makro, Farmatodo, Locatel y todas las cadenas con el Ministerio para el Trabajo para afinar detalles y corregir estas medidas en función de una atención oportuna a los ciudadanos que es un derecho que tiene que prevalecer y hay que hacer prevalecer», expresó Méndez, tras rueda de prensa realizada este lunes en la sede de la Superintendencia en Caracas.
Méndez indicó que el tema del ausentismo laboral será revisado con cuidado «pues este es un Gobierno laborista, liderado por el Presidente Nicolás Maduro que es obrerista y ese derecho estará por encima de cualquier situación, pero del que realmente trabaja y cumple su trabajo», dijo, luego de una reunión con representantes de establecimientos comerciales.
Por otra parte, señaló que en cónclave se afinarán detalles con respecto a la instalación del plan captahuella y que hay total acuerdo con los supermercados privados «contra el bachaqueo» o contrabando de extracción de alimentos.
Informó que los empresarios serán los encargados de asumir el costo de las captahuellas a un precio justo.
«Los empresarios, en función de darle más calidad a sus usuarios y clientes, asumirán esos costos como ya lo hizo la red De Cándido en el Zulia. Desde el Estado vamos a contribuir con importar la cantidad necesarias de máquinas para que ellos puedan adquirirlas a un precio justo», explicó.
Méndez no precisó el monto de la inversión que tendrán que hacer los empresarios, pues el precio podría variar de acuerdo a la cantidad de captahuellas que sean solicitadas.
En ese sentido, ratificó que para el 30 de noviembre en todos los comercios del país deben estar instaladas las captahuellas y resaltó el caso de la red De Cándido, en el estado Zulia, donde ya se aplica el sistema biométrico desde hace dos meses como plan piloto, con resultados exitosos.
Recordó que antes de la instalación de las captahuellas, en esas tiendas el inventario total, de unas 250 toneladas, se agotaba en no más de un día. Ahora, con el nuevo proceso, dura ocho días.
«Porque con la captahuella el bachaquero no va, y deja el espacio natrual a la familia para la compra justa y necesaria, en paz», enfatizó el Superintendente, en transmisión de Venezolana de Televisión.
Resaltó, del mismo modo, que con la medida de restricción de paso en la frontera y la política nacional contra el contrabando, se siente el efecto positivo en el abastecimiento de productos básicos en Zulia y la reducción de bienes prioritarios nacionales en la localidad de Maicao, Colombia.
En tanto, De Cándido recordó que en enero de 2013 comenzaron a detectar la fuga de mercancía al país neogranadino o la reventa. Por ello, se sumaron a la instalación del sistema biométrico este año, que sólo implica, afirmó, 40 segundos para que la persona se registre y coloque su huella dactilar en conjunto con la presentación de su cédula de identidad.
«Es un sistema transparente, que nos ha ayudado a lograr que los productos duren más tiempo en las estatenterías, en beneficio de la población. Estamos apoyando totalmente», enfatizó.
AVN
