Por primera vez en 1998 alguien gana una elección en Venezuela con una propuesta estrictamente política. Lejos de las tradicionales promesas populistas, Hugo Chávez fue a su primera campaña presidencial con una sólida y profunda propuesta de refundar el país.
El objetivo apuntaba hacia la creación de una nueva república, la quinta. Con la victoria en el proceso electoral, Chávez convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente para la redacción de la Constitución que recuperaría el ideal bolivariano, aseguraría la soberanía nacional, profundizaría la democracia y ampliaría los derechos de los venezolanos en el acceso a la vivienda, la educación, la salud, la alimentación, la recreación y el deporte, además de proscribir de manera clara toda toda forma de discriminación, garantizando los derechos de todas las minorías del país.
El 15 de diciembre de 1999, hace 14 años, con el 71% de los votos, se aprobó el texto constitucional de la nueva República Bolivariana de Venezuela.
Los hechos que parieron La Constitución hablan de su carácter democrático. Comenzó a gestarse luego de la elección de Chávez en el 98. Al año siguiente, el 25 de abril de 1999, se convocó a un referendo consultivo avalado por la antigua Corte Suprema de Justicia – hoy Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)-, para preguntar al pueblo si quería o no una Asamblea Constituyente que redactara el texto legal. 87% de los votantes dijo que sí; luego, el 25 de julio de ese año se eligieron, en un nuevo comicio, los 128 hombres y mujeres encargados de redactar la Carta Magna. Por primera vez se había hecho letra viva el concepto de que la soberanía reside en el pueblo.
Cinco meses después, el 15 de diciembre de 1999, los venezolanos elegían la normativa que establecía la democracia participativa y protagónica como modelo de gobierno, terminando así con la representatividad característica de los anteriores 40 años.
El proceso de elección se realizó en medio de fuertes lluvias producto de una vaguada que terminó con la vida de miles de ciudadanos del hoy estado Vargas.
El presidente Chávez canceló la celebración postelectoral y manifestó que a pesar del duelo, el pueblo se daba a sí mismo una conquista democrática que dejaba atrás al puntofijismo, periodo en el que imperó la alternancia entre partidos que compartían el mismo modelo político neoliberal que dejó índices de pobreza de hasta 40%.
La aprobación de la Constitución de 1999 asomaba los cambios que hoy se evidencian en el país. El texto permite revocar mandatos elegidos por voto popular y señala que la soberanía nacional reside «intransferiblemente» en el pueblo, quien la ejerce con los mecanismos establecidos en la Constitución y en el sufragio.
He aquí una de las grandes diferencias con su antecesora, la Constitución aprobada en 1961, que indica en su artículo cuatro que la soberanía la tiene el pueblo, pero la ejerce sólo mediante el sufragio, es decir, cuando se convocaran elecciones que, en la época, era cada cinco años.
En la nueva Carta Magna, el pueblo tiene la potestad de participar en referendos aprobatorios y consultivos, así como elegir y reelegir sin limitación de períodos (luego de la enmienda de 2009) a sus gobernantes a través de las elecciones, además de participar activamente en los debates de proyectos y en la contraloría social del uso de los recursos del Estado.
En estos procesos comiciales puede participar el pueblo, no sólo como votante, sino como candidato o candidata a través de la «iniciativa propia», establecida luego en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
«Es perfectible»
A esta carta se le opuso el conjunto de factores tradicionales del poder económico y político del país, incluyendo organizaciones políticas que hoy dicen defenderla como Acción Democrática, Copei o Primero Justicia. Alegaban que la Constitución de 1961 «era perfecta», que sólo había que aplicarla, no modificarla porque los problemas de los venezolanos eran otros.
La respuesta, cultural y política, que han defendido los sectores populares, bolivarianos y revolucionarios, es que en 1999 los venezolanos nos dimos una constitución que es «perfectible» porque puede ir ajustándose a los cambio sociales que el pueblo considere necesarios.
La interpretación de perfecta a perfectible terminó en Venezuela con una situación que aun ocurre en algunos países latinoamericanos, en los cuales las derechas políticas califican de delito modificar constituciones con visos coloniales, protectoras del poder económico individual en detrimento del bienestar colectivo.
Se sentó en el país un precedente de constitución popular que, a pesar de los alegatos en contra, permitió el nacimiento de un país con un nuevo marco legal que dio paso acciones contra la pobreza y la exclusión social.
Dichas acciones tienen su base en la Carta Magna que establece claramente que es el Estado, como representante de los intereses de todos los venezolanos, el propietario de los recursos que se encuentran en nuestro subsuelo, y en este caso, de los recursos de hidrocarburos que son el petróleo y el gas.
Este precepto originó cambios en la política petrolera y se puso a la principal industria nacional, Petróleos de Venezuela, al servicio el país para desarrollar programas sociales como Misión Ribas, para la formación en educación secundaria; Barrio Adentro, para la atención en salud; Mercal y Pdval, para la venta subsidiada de alimentos, etc.
A través de las misiones se incrementó la inversión social hasta alcanzar la cifra de 500 mil millones de dólares en la última década, con resultados de 60% de reducción de la pobreza, que en 1988 se ubicaba en 44%, mientras que a la fecha, es de 23,9%.
En el 11 aniversario de la Constitución, en el año 2010, Chávez manifestó que la Constitución estaba viva. Hoy, cuando se cumplen 14 años de su aprobación, sigue siendo fuente de nuevas leyes y preceptos para la construcción de la vida democrática y de inclusión con la que nació.
AVN
