El Ministerio Público (MP) iniciará las averiguaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del abandono de 32 contenedores en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, cuyo contenido fue importado con divisas a precio preferencial para traer el país medicamentos o equipos médicos, pero en su interior se consiguieron otros bienes, como lavadoras e insumos médicos vencidos.
La información fue suministrada por la superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), Andreína Tarazón, en un contacto con Venezolana de Televisión, quien detalló que este hecho estaría tipificado en la recién promulgada Ley Orgánica de Precios Justos en su artículo 55 como el delito de boicot.
«Hemos visto cómo se declara la importación de productos, de bienes para la salud de nuestro pueblo y lo que traen son chatarras. Colocaremos a disposición de la República cada uno de estos contenedores», agregó.
Tarazón explicó que la referida normativa legal establece la pena privativa de libertad de 10 a 12 años a quienes en ejercicio de actividades inescrupulosas cometan boicot contra la República, con lo cual se entorpece el desenvolvimiento de la economía venezolana.
Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Armada, denunció que estas 32 empresas, que ya están identificadas, declararon que traían medicamentos o equipos pero al llegar a suelo venezolano ya estaban vencidos.
«Hemos conseguido un conjunto de bienes, como sillas de ruedas, que sí son para la salud pero estaban en condiciones de almacenamiento bastante dudosa. Esto produce indignación, pero reafirmamos que no permitiremos que esta situación se quede así y continuaremos avanzando en la construcción de un sistema público nacional de salud con el uso apropiado de las divisas», indicó.
La superintendente Tarazón apuntó que a la par de estas acciones, desde este sábado en todo el país están activados funcionarios del Gobierno Nacional fiscalizando los comercios para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos.
AVN
