El 10 de septiembre de 2013, el Gobierno Bolivariano, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se retiró oficialmente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), luego de que el Comandante Hugo Chávez lo anunciara en 2012 como medida de dignidad y en protección a la soberanía nacional.
El organismo internacional presentó informes que acusaban al Gobierno Nacional de una presunta violación de Derechos Humanos (DDHH) a líderes de grupos adversos a la Revolución Bolivariana. Dicho documento representó un “atropello a Venezuela y al derecho internacional” puesto que –según palabras del Comandante Chávez – “ofenden la dignidad de todo el pueblo venezolano”.
El 24 de julio de 2012, un año y dos meses antes de la salida oficial de Venezuela de la Cidh, el entonces Jefe de Estado catalogó los informes presentados por la Cidh en contra del Estado venezolano como una “manipulación mediática” y una “agresión” contra los países soberanos.
Ante ello, el Comandante Hugo Chávez indicó que el organismo “es indigno de llevar ese nombre porque apoya al terrorismo” y contra los gobiernos progresistas de América Latina.
“Nosotros nos vamos a salir de esa Corte, tenemos que hacerlo por dignidad, no tenemos más camino”, sentenció.
La decisión gubernamental fue oficializada el 10 de septiembre de 2013 por el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jaua, quien calificó a la Corte y a la Comisión como organismos parcializados políticamente.
Asimismo, denunció que la Cidh no respondió las interrogantes del Estado venezolano en torno a acusaciones sobre casos de violación de Derechos Humanos ocurridos durante los Gobiernos de la IV República.
“¿Cuáles fueron las razones que retrasaron por más de seis años la consideración, la más grave violación de los derechos humanos en Venezuela derivada de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo?, ¿por qué la CIDH no emitió comunicados sobre las masacres de Cantaura (1982), ni de Yumare (1986) y no manifestó preocupación por estos gravísimos hechos de sangre, pero si se ha manifestado sistemáticamente desde 1999 por proyectos de leyes de cooperación o de información?”, cuestionó Jaua.
Tras la separación de Venezuela de la Cidh, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso de mantener la lucha por garantizar los Derechos Humanos y fomentar el respeto por los principios más sagrados del derecho internacional, entre ellos la independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Venezuela firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización del Estado Americanos (OEA) en 1969 y la ratificó en 1977. En 1981 aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Prensa MippCI
