El 27 de octubre de 1965, unos pescadores hallaron en las costas de Lecherías, estado Anzoátegui, el cuerpo torturado del dirigente comunista Alberto Lovera, nueve días después de su desaparición, perpetrada por los órganos de seguridad del Estado durante el gobierno de Raúl Leoni, de Acción Democrática.
Lovera, miembro de Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fue detenido el 18 de octubre de ese año en la Plaza Las Tres Gracias, en Caracas, y su ausencia llevó a su esposa, María del Mar Lovera, a buscarlo sin descanso en los cuerpos de policía. No tuvo respuesta pero aquel 27 de octubre debió ir hasta Anzoátegui a hacer el reconocimiento del cadáver encontrado en Lecherías. Confirmó que era su esposo.
El cuerpo del dirigente político apareció hinchado y con evidentes signos de tortura; flotó en el mar, a pesar de llevar una cadena y un pico en el cuello.
Relata Raúl Zurita Daza en su libro Víctimas de la Democracia Representativa en Venezuela que Lovera fue asesinado por órdenes de J.J Patiño González, director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Digepol).
En su detención, tortura, asesinato y en el ocultamiento de su cuerpo, lanzado al mar desde un helicóptero, participaron Carlos «el capitán» Vegas, Alberto Ochoa, Carlos Quintero y José Rafael Antúnez, tal como lo determinaron las investigaciones realizadas por sus familiares y al entonces diputado José Vicente Rangel, quien documentó detalladamente el caso en su libro Expediente Negro.
El caso de Lovera es uno de los más representativos del terrorismo de Estado aplicado en Venezuela durante la llamada democracia representativa. Fue en el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) cuando se instaló en el país la figura del desaparecido político, años antes de que se hiciera tristemente común en las dictaduras del Cono Sur.
Lovera fue uno de los más de dos mil militantes desaparecidos por el gobierno de Leoni y su aparato de «seguridad», encabezado por el ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios, la Digepol en conjunto y una fiscalía cómplice, en ese momento a cargo de Antonio José Lozada Rivero.
Casi 50 años después, el pueblo continúa honrando la memoria de Lovera y su legado de lucha, una lucha llevada contra un sistema en el que el Estado «democrático» decidió violar sistemática y cruelmente los derechos humanos de sus ciudadanos.
