El Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron el desembolso de un nuevo tramo del rescate griego a cambio del despido de 15 mil funcionarios hasta finales de 2014.
El ministro heleno de Finanzas, Yannis Sturnaras, precisó que Grecia espera un nuevo préstamo de dos mil 800 millones de euros (tres mil 673 millones de dólares) -pendientes de pago desde marzo- más otros seis mil millones de euros (siete mil 870 millones de dólares) de la financiación del segundo trimestre.
Detalló que el acuerdo firmado con la llamada troika contempla que cuatro mil empleados públicos deberán abandonar el servicio este año y 11 mil el próximo. Según medios locales, las bajas se producirán mediante jubilaciones anticipadas y la eliminación de puestos superfluos.
El Gobierno griego no sólo reducirá puestos de trabajo del sector público, también aceptó seguir recaudando un polémico impuesto sobre la propiedad a través del recibo de la luz para evitar supuestos fraudes.
Los acreedores internacionales saludaron que el país heleno apueste por “combatir la evasión con un refuerzo de la inspección” y opinaron en una declaración conjunta que Atenas “está en vías de cumplir los objetivos del programa”.
El trato firmado fue calificado por partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales como un “auténtico ataque” a los derechos de la clase trabajadora griega y acusaron a la troika de usar la deuda de los países como mecanismo de chantaje y sometimiento.
El jefe negociador del FMI, Poul Thomsen, reconoció que hasta el momento el ajuste de Grecia se ha basado “demasiado” en recortes salariales, pensiones y en un aumento de los impuestos, lo que consideró como “injusto”.
La economía griega atraviesa por quinto año consecutivo por una recesión, ante el aumento de impuestos y recortes de gastos que le exigen los prestamistas internacionales. Los ciudadanos rechazan las medidas por lo que se han expresado en huelgas generales y protestas.
