La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó este miércoles los avances y logros alcanzados en la legislación venezolana para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
Durante un encuentro regional entre los países miembros de la Unión de Nacional Suramericanas sobre el desarrollo de políticas públicas con perspectivas de derechos humanos y seguridad, realizado en Caracas, Ortega Díaz resaltó que ese avance se impulsó en el país desde hace 15 años con la Constitución de 1999.
«Venezuela, en los últimos 15 años, ha alcanzado grandes logros y avances en materia de derechos humanos (…) La Constitución del año 1999 representa un paso agigantado en el reconocimiento y protección de los derechos humanos por parte del Estado», señaló la fiscal en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
Comentó que de 350 artículos que tiene la Constitución de la República, 286 hacen referencia a los derechos humanos. «Es un verdadero catálogo de derechos humanos», destacó.
Ortega Díaz recalcó que el Estado venezolano ha instaurado políticas y lineamientos sobre derechos humanos, con el firme propósito de reafirmar y profundizar la preponderancia de las garantías fundamentales como aspecto primordial del desarrollo de la sociedad.
«Los derechos humanos son inherentes a las personas, se derivan de la dignidad humana, por lo tanto no son otorgados a los individuos por el Estado, al contrario, éste simplemente los reconoce y debe ejecutar las políticas para garantizarlos, siendo el responsable por las violaciones que los afecten», manifestó la fiscal.
Hizo énfasis en el carácter civil y profesional que caracteriza a la Policía Nacional Bolivariana, «lo cual se expresa funcionalmente en su mando personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamiento y dotación».
Recordó que entre los fines principales de la PNB se encuentra proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las libertades públicas, garantizar la paz social, prevenir la comisión de delitos y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación.
«Debe ser un ejercicio permanente de responsabilidad de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana casarse con el respeto de los derechos humanos. El empleo de la fuerza es el último recurso, muy celosamente regulado por la ley», señaló.
AVN
