La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que los hechos violentos registrados en las últimas horas en el país, han dejando a siete personas fallecidas y otras 61 lesionadas.
En declaraciones a medios de comunicación, dijo que como parte de los actos violentos, se reportaron quemas de Centros de Diagnóstico Integral (CDI), así como sedes de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), Mercado de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), tiendas, negocios y comercios.
«Lo más grave es que en estos hechos violentos fallecieron siete venezolanos, de esos siete venezolanos, uno de ellos era un funcionario de la Policía del Táchira, y además, hasta este momento, tenemos registrados 61 personas lesionadas», reiteró.
Destacó que de las personas lesionadas, hay una a quien trataron de quemar viva. «La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en estos momentos tienen un grupo de personas», añadió en transmisión de Venezolana de Televisión.
La fiscal expuso que los argumentos para ejecutar los actos de violencia es que el pueblo no favoreció a un determinado candidato, en este caso al derechista Henrique Capriles Radonski.
«Es decir que porque el pueblo no me favoreció a mí, que yo me postulé como candidata, yo voy a atentar contra el pueblo, porque atentar contra Mercal, Pdval, CDI y los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo», ejemplificó.
Asimismo, subrayó que en Venezuela hay un Estado derecho, por lo que recordó lo que establece el artículo 2 de la Constitución Nacional: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».
En este contexto, puntualizó que en el país hay un ordenamiento jurídico y un conjunto de leyes que todos los venezolanos están obligados a cumplir, al tiempo que recalcó que dichas normas son coercibles, es decir, que se cumplen aún cuando no se quieran cumplir.
«Si el candidato que el pueblo no favoreció no está satisfecho con el resultado, tiene sus herramientas para acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) y agotada la vía administrativa, acude a la vía jurisdiccional, al Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta este momento, el candidato que no fue beneficiado por el pueblo venezolano no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, rechazando o pidiendo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que considera que deben ser revisados por el ente rector», acotó.
Dijo que como ciudadano responsable, debe intentar las acciones correspondientes y legales; sin embargo, expuso que contrariamente, utiliza los medios de comunicación para incitar a la ciudadanía a tomar acciones de calle.
«A través de los medios de comunicación llama y argumenta una serie de razones, que debería exponer ante el ente rector. Si no ha formalizado estas acciones ante el CNE, debería primero acudir y no estar llamando a acciones violentas de calle», manifestó Ortega Díaz.
Ratificó que el Estado venezolano lo que quiere es la prosperidad de los venezolanos, por lo que no se puede permitir que un grupo atente contra ello.
«El Estado tiene un fin que es el bien común, la paz, la tranquilidad, la convivencia justa y sana. Esos son los fines del Estado», comentó.
