Los empresarios agrupados en la Cámara Bolivariana de la Construcción y en el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano manifestaron este jueves su respaldo a la Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el pasado 23 de enero, pues consideran que establece un marco jurídico que propicia el desarrollo económico, prevé ganancias adecuadas, en función de la estructuras de costos, y supone un freno a lo que denominaron como el «libertinaje económico» de sectores de la derecha.
El presidente de la Cámara y coordinador del Consejo de Integración, Gerson Hernández, destacó en rueda de prensa que la normativa es factible en su aplicación y confían en que promoverá la inversión y el progreso de nuevos emprendedores.
La Ley Orgánica de Precios Justos, elaborada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, tiene el propósito de impulsar el desarrollo equilibrado de la economía nacional y poner freno a la guerra económica, que pretendió acabar con la Revolución Bolivariana a través de la especulación y el acaparamiento.
El instrumento legal, que será aplicado a todas las personas y empresas que desarrollen actividades económicas en Venezuela, señala que los precios de los productos y servicios deben contemplar un margen de ganancia de máximo 30% de la estructura de costos, es decir, de todos los elementos necesarios para producir o importar el bien. Sin embargo, el Ejecutivo puede definir porcentajes de ganancia más bajos, de acuerdo con los sectores.
Para Hernández, la ley establecerá los mecanismos que aseguren la estabilidad de la economía venezolana y está en consonancia con un modelo de Estado basado en la justicia.
Rechazó, por tanto, la postura del sector empresarial de derecha, representado en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), que amenazó con solicitar la nulidad del instrumento legal por considerar que atenta contra la propiedad privada al declarar de utilidad pública e interés social los bienes y servicios para la producción, importación, transporte, distribución y comercialización.
Hernández enfatizó que estarán expuestos a sanciones fuertes y la posibilidad de expropiación solo aquellos empresarios que insistan en especular, y estimó que el sector de derecha «fascista y corrupto» se opone a la normativa porque siente la presión de un Gobierno que le exige que fije precios cónsonos con la realidad.
«La ley pone coto definitivo al libertinaje económico de viejas estructuras oligárquicas», afirmó.
Añadió que garantiza ganancias que pueden perfectamente asegurar la sostenibilidad de los empresarios.
Acompañado de integrantes del gremio, Hernández señaló que el sector empresarial comprometido con la Revolución defenderá la normativa, pues supone «justicia social para nuevos modelos de emprendimiento y una participación equitativa en el aparato productivo».
También invitó a los empresarios de derecha a una mesa de diálogo para discutir la nueva ley y aseguró que en el país están dadas las condiciones para invertir y aumentar la producción, con el apoyo del Gobierno.
Contra la especulación
El dirigente gremial hizo un llamado a los comerciantes a no «prestarse a esa salvaje manera de comercializar», con márgenes de ganancia fijados en función de «un sistema virtual cambiario», es decir, el denominado mercado paralelo e ilegal de divisas.
También expuso el compromiso de estas instancias empresariales de combatir la cadena «caníbal y perversa de especulación, que va contra los intereses del Estado y perjudica al sector empresarial».
Señaló que los empresarios de este gremio pondrán al servicio del Ejecutivo sus estructuras de costos reales para colaborar en la fijación de los precios justos, una competencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), nacida por mandato de la ley.
Esta normativa enfrenta con firmeza delitos económicos, como la especulación, la usura, el contrabando de extracción, la restricción de la oferta y distribución de bienes regulados, para provocan escasez o distorsiones en los precios y la reventa de productos de primera necesidad.
