Cronología de un estallido
Segunda parte
Febrero 1989: del 19 al 24
A dos semanas de haber asumido el poder, la promesa de volver a la bonanza con la que Carlos Andrés Pérez (CAP) alcanzó de nuevo la Presidencia en 1988 se diluyó ante millones de venezolanos con el anuncio de un paquete de medidas económicas de corte neoliberal, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo pagaba caro su esperanza.
Días después del anuncio del verdadero paquetazo, el Gobierno mantenía un optimismo no compartido por el resto del país. Reinaldo Figueredo Planchart, entonces ministro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno (quien en 1996 sería sentenciado como responsable del delito de malversación genérica agravada), aseguraba que el FMI era “nuestra mejor fuente de recursos”.
Poco importaban las voces que se venían sumando al anuncio de una catástrofe; entre estas, las de expertos en economía como Domingo Felipe Maza Zavala, quien advertía: “Si no hay subsidios o congelación de precios, será un desastre para los pobres”, vaticinando que el aumento en todos los bienes y servicios básicos traería graves consecuencias como el incremento de la desnutrición, especialmente en niños y ancianos. Otros economistas llegaron incluso a adelantarse a su tiempo y predecir que “el paquete podría originar una explosión social grave”.
Representantes de partidos políticos de todas las tendencias, incluyendo importantes figuras del propio partido de Gobierno, Acción Democrática, continuaban haciendo advertencias y cuestionamientos públicos.
Desde el ala de la derecha, el expresidente Rafael Caldera aseguraba que “las medidas son graves y peligrosas para el país”. Mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) señalaba, en la voz de sus secretario general, Freddy Muñoz, que “el paquete apunta a una clara inclinación del Estado hacia los poderosos”. El masista advertía además que el paquete constituía el peor camino. “Tales medidas amenazan con producir daños aún mayores, especialmente una inflación hasta hoy desconocida en Venezuela, que empeoraría mucho más las condiciones actuales de vida de la gran mayoría de la sociedad”, aseguraba en rueda de prensa en respuesta al anuncio de CAP.
“Los profundos desequilibrios existentes, principalmente el déficit fiscal y el de la balanza de pagos, pretenden cubrirlos, arrojando un mayor castigo sobre las espaldas de los trabajadores y capas medias, en tanto se ofrecen mayores beneficios a los bancos y a los grandes grupos monopólicos”, señalaba Luis Alvis, miembro del partido político Nueva Alternativa.
Se hacía imposible silenciar la realidad que afectaba directamente al pueblo.
Los titulares de prensa reflejaban que el alza de la gasolina sería un detonante para el transporte aéreo, marítimo y terrestre y que, además, incidiría en la producción de bienes y servicios; en tanto se desataban las compras nerviosas y el acaparamiento de diversos rubros alimenticios en espera del temido aumento del combustible, anunciado para el domingo 26.
En este contexto, como parte de las medidas económicas contempladas en el “paquetazo”, y respondiendo a exigencias del FMI, el 20 de febrero el Banco Central de Venezuela (BCV), embarcaba a Londres ocho toneladas de oro no monetario (parte de sus reservas internacionales). La prensa reproducía declaraciones de Pedro Tinoco, entonces presidente del BCV, quien señaló que parte de ese oro sería vendido y el resto colocado como garantía de préstamos internacionales. El pueblo seguía asumiendo las consecuencias, cada vez más empobrecido.
A pesar de no contar con un partido u organización política que los respaldara y organizara, los venezolanos fueron perdiendo el miedo a la represión. De la mano de los estudiantes y de los movimientos sociales las protestas ganaban terreno en las calles.
Ese mismo lunes 20 de febrero se agravaban las manifestaciones que se habían hecho recurrentes en la UCV. Titulares de la prensa anunciaban un muerto por un disparo en la cabeza y varios heridos graves. Los estudiantes rechazaban el paquete de medidas económicas, enfrentándose a la represión con consignas como “con hambre y represión no hay concertación” y “exigimos a la prensa que diga la verdad”.
Las presiones económicas continuaban arrinconando a la población, ni el techo estaba seguro. “Miles de hogares se están destruyendo por embargos y secuestros de los alquileres”, anunciaba el presidente de la Organización Nacional de Inquilinos de Inmuebles, Temilo Chirinos. La especulación ante la liberación de precios llevaba el precio de los apartamentos regulados en 3 mil bolívares a más del doble. Las consecuencias afectarían directamente a inquilinos de residencias estudiantiles, casas multifamiliares, oficinas y locales comerciales.
El tiempo dejaría ver que las voces de advertencia tenían razón. La crisis económica que se recrudeció con el paquetazo de CAP, desencadenaría la respuesta de un Pueblo silenciado por la brutal represión de los gobiernos puntofijistas por más 30 años.
Prensa MinCI
