Luego de la noche del 16 de febrero de 1989, cuando el presidente recién electo, Carlos Andrés Pérez, anunció su prometido paquetazo, la reacción popular ante estas medidas económicas neoliberales quedó tan silenciada en la prensa nacional que los principales afectados por los ajustes tuvieron que conformarse con las declaraciones de Eva Lisa Ljung, Miss Venezuela 1989, quien luego de ser coronada, esa misma noche, dijo: “Somos la fantasía del pueblo”.
Mientras el barco se hundía para los pobres, luego de la cadena donde CAP hizo sus anuncios, entre los que se encontraban privatizaciones de empresas del Estado, liberación de precios, incremento de las tarifas de los servicios públicos y de la gasolina, el Miss Venezuela, que comenzó inmediatamente después, decía que el show debía continuar.
Esa noche, la pantalla de los venezolanos, que ahora tenían un bolívar equivalente a 0,13 céntimos, según los expertos, se dividía entre tecnicismos macroeconómicos, la promesa de ver “toda la magia, glamour y espectacularidad,” de “la más costosa y millonaria superproducción jamás antes de realizada” en el Miss Venezuela y el desenlace “emocionante e impredecible” de la telenovela Señora.
La “locomotora”, como definió un visitante estadounidense a CAP, sin detener su marcha y con la promesa de “corregir el rumbo para impulsar el proceso de modernización económica y social”, le anunció al país que venía “el gran viraje”, frase que utilizó El Universal del 16 de febrero de 1989 para abrir su edición.
El Nacional y El Universal publicaron íntegramente el discurso que dio el mandatario en cadena nacional. Con esas medidas, que previamente habían sido catalogadas por el intelectual Arturo Uslar Pietri, en El Nacional del 16 de febrero, como “necesarias, coherentes y realistas”, CAP les decía a los venezolanos que “los errores, las omisiones y las improvisaciones” nos comprometían a todos.
El espaldarazo de EEUU estaba dado. El 17 de febrero, El Nacional publicó declaraciones de David Rockefeller, quien presidía el Consejo de las Américas, organización de la elite empresarial de la región, donde afirmaba que la función del Estado era “proteger y expandir el espacio para la expresión y el desarrollo de la actividad privada”. Rockefeller, quien se encontraba en Venezuela, no se atrevía a hablar aún de una zona de libre comercio, pero sí de una zona “más libre”.
CAP justificaba la liberación de precios “para hacerlos más competitivos en el mercado” y de las tasas de interés para “promover el ahorro”. Además de una “expansión acelerada de la inversión privada (…) que suplantaría el régimen actual de subsidios indiscriminados”. Esta libertad conducía directamente a la cárcel de neoliberalismo.
Mientras tanto, el sector industrial decía tranquilamente a través de los medios de comunicación que “en un mes desaparecerán la pasta y la mayonesa”, que se incrementaría el precio de la carne por lo menos en 40% y que los productos de la cesta básica costarían 65% más.
Ante estos anuncios, el cardenal José Alí Lebrún manifestó su opinión “favorable” sobre el paquete y agregó que “Venezuela tiene posibilidad para hacerle frente a esta situación”; la entonces diputada Rhona Ottolina expresó que “el dinero se mueve con dinero y el lenguaje tiene que ser del Fondo Monetario Internacional”; mientras que el escritor Mario Vargas Llosa, de visita en el país, hacía sus propias recomendaciones para que el Estado se redujera “a lo estrictamente fundamental”.
Reinaldo Figueredo, ministro de la Secretaría, se defendía de algunos señalamientos diciendo que: “Las medidas fueron tomadas bajo recetas del Fondo Monetario Internacional (…) en virtud de que es la mejor fuente de recursos que podemos tener”, titulaba El Nacional el 17 de febrero.
Mientras tanto, quien dirigía la Oficina Central de Coordinación y Planificación, Miguel Rodríguez, y los titulares de los ministerios de Hacienda, Eglée Iturbe, y de Fomento, Moisés Naim, en compañía del presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco, se reunieron todo el día con la delegación del FMI y el Banco Mundial, que según El Nacional del 19 de febrero, tenían más una semana en el país, con la finalidad de “revisar” las medidas económicas anunciadas por CAP.
Estos organismos internacionales solicitaban la aplicación de “una reforma arancelaria que disminuyera a lo largo de un año todas la trabas y protecciones de la industria nacional” para tener esa “libertad” de la que hablaba Rockefeller.
Se esperaba que en los próximos siete años la deuda con el FMI y el Banco Mundial ascendiera hasta la cifra de 12 mil 100 millones de dólares. El cambio “flexible” de la divisa, para febrero de 1989, había pasado de 14,50 a más de 30 bolívares.
NOS HAN PUESTO CONTRA LA PARED
La voz del pueblo se diluía entre gráficos de barras, cifras macroeconómicas, precios del dólar y términos como cartas de crédito, tasas de interés, créditos hipotecarios, amortización de deuda externa y reducción de reservas internaciones, entre otros términos. La economía, vista con la óptica de las grandes corporaciones, había sustituido la política.
La prensa reflejaba tímidamente la opinión de los venezolanos pobres, que para 1989 conformaban 66,9% de la población, de la cual, 33% se encontraba en pobreza absoluta. El sueldo mínimo, que se había incrementado 30%, se establecería en 4 mil bolívares en la ciudad y mil 500 en las zonas rurales. La prensa daba cuenta de que un kilo de caraotas, alimento básico para el venezolano, costaba 40 bolívares el kilo y uno de sal podía llegar a 100.
Carmen Mariño expresaba en El Nacional que los 6 mil bolívares mensuales que ganaba no iban a alcanzarle porque era “padre y madre”, Sergio Gambi decía que a pesar de tener dos trabajos debía buscar un tercero para mantener a su familia, y Alirica Rodríguez simplemente decía: “Nos han puesto contra la pared”.
El pueblo en las calles se encontraba con anaqueles vacíos: no había pañales, papel higiénico, azúcar, pan ni café. La educación y la salud inevitablemente iban a ser privatizadas y el Fondo de Pensiones iba a ser destinado para la construcción de viviendas. Mientras tanto, Rockefeller y el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, recibían de CAP la orden Andrés Bello y la Francisco de Miranda, respectivamente.
El sector privado gozaba de total libertad aún antes del anuncio de las medidas, pues el vicerrector administrativo de la UCV, Trino Alcides Díaz, denunció en El Nacional del 19 de febrero que “la mayoría de las instituciones financieras del país no habían pagado impuestos en 1988” (…) a pesar de “sus fabulosas ganancias”.
El rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro, expresaba en El Universal del 17 de febrero, que esa concertación de la que hablaba el gobierno solo había sido con el “FMI y la clase dominante”. Además, adelantaba que el impacto del paquete “no solo será difícil en la parte económica sino agitado en el orden político y social”.
El gobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, había desempolvado la “necesidad” de aplicar la Ley de Vagos y Maleantes, nacida en 1956, para privar de su libertad a personas con “cara de sospechosas”, indigentes, desempleados, mendigos, transeúntes, brujos, merodeadores y curanderos, entre otros, según el trabajo Venezuela, la Ley sobre Vagos y Maleantes: Supresión de la disidencia y castigo de los indigentes.
En el artículo titulado Pepas, vagos y maleantes, publicado en El Nacional del 16 de febrero, el periodista Earle Herrera se refiere a lo oportuno que resultaba desempolvar la Ley de Vagos y Maleantes “para adelantarse al futuro inmediato, a lo que vendrá, a lo que está allí como caimán en boca de caño (…) las consecuencias de las medidas económicas con que se nos amenaza y martiriza cada día y cada hora”.
El también docente de la escuela de Periodismo de la UCV recordaba que “las recetas del FMI (…) en todos los países donde se han aplicado, han generado un crecimiento alarmante de ‘vagos y maleantes’”, además de plomo y represión.
En su opinión su aplicación servía de advertencia para esos 3 mil barrios que vivían en miseria, 700 mil familias que no tenían para la alimentación básica y ese 15% de la población que estaba desempleada.
Menos de dos semanas después, entre el 27 y 28 de febrero, la explosión de ese pueblo pobre que no tuvo voz en los medios de comunicación, y al que pulverizaba el paquete neoliberal, fue fuertemente reprimida por los organismos de seguridad del Estado, quienes subieron a los cerros a silenciarlos una vez más.
Nathalí Gómez
Enfoque AVN
