La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó este miércoles que los asesinatos y desapariciones forzosas que ocurrieron entre el 28 de febrero y 2 de marzo de 1989 en Venezuela dejaron “una cicatriz en la memoria colectiva de nuestra patria y nuestra gente”.
A 23 años de uno de los pasajes más sangrientos de la historia de Venezuela, el Gobierno Bolivariano juramentó este día la Comisión de la Verdad y la Justicia, que se encargará de investigar los hechos ocurridos en Caracas, así como violaciones de los Derechos Humanos durante la Cuarta República.
Ramírez, quien forma parte de dicha Comisión, junto con otras 29 personalidades como la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, recibirá la asesoría de otros 5 venezolanos como el diputado Fernando Soto Rojas.
La Comisión de la Verdad y la Justicia tendrá un lapso de un año para presentar el informe que según Ramírez deberá tener espíritu de flexibilidad, pues del mismo se podrían desprender muchas investigaciones que permitan tener una idea más clara muy completa de lo que pasó.
La funcionaria destacó durante el programa Contragol de VTV el llamado que hizo hoy durante el acto conmemorativo el vicepresidente Ejecutivo Nicolás Maduro, quien pidió a los torturadores de las víctimas de «El Caracazo» revelar dónde están los restos de los miles de venezolanos que aún están desaparecidos.
Varios investigadores aseguran que más de 3 mil venezolanos fueron asesinados y desaparecidos para esa fecha. La Defensora también dijo que los sitios que sirvieron como cárceles o lugares de tortura durante el Puntofijismo serán objetivo de la investigación.
Ramírez recordó que las políticas de represión, desaparición de la disidencia formaba parte de la forma y percepción que tenían de los estudiantes y los luchadores sociales.
LOS VERDADEROS SAQUEADORES
Para la defensora del Pueblo, debería repensarse si los períodos en que se incrementaron las desapariciones y asesinatos serían considerados aún como etapas de la democracia venezolana, debido a las políticas de represión atroz que vivió y sufrió el país.
“Cuando llaman saqueadores a los pobladores que salieron a buscar comida, pasta, carne a la calle y uno ve como (el gobierno) se llevó el oro y vaciaron las reservas (…) uno se pregunta quiénes eran los verdaderos saqueadores”, cuestionó Ramírez.
El pasado 18 de octubre del 2011 el Parlamento venezolano aprobó el proyecto de Ley para sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998.
Reivindicación de la verdad
La defensora manifestó que reabrir los casos y llegar a la verdad le da tranquilidad a las familias. Aun cuando hayan sido eventos ocurridos hace 30 ó 40 años, muchos grupos familiares quedaron a la espera de respuestas que la Comisión se propone revelar.
“¿Qué más puede aspirar una madre sino que se diga la verdad? Saber que quizás mataron a un familiar porque profesaba otras ideas”.
Adelantó que para esclarecer los casos revisarán documentos y cartas, así como también se estudiarán las formas de comunicación que algunos de los líderes políticos de la época desarrollaron en la clandestinidad.
