Durante la segunda fase de la nueva ofensiva económica, iniciada por el Gobierno nacional en abril, se han detectado los delitos de acaparamiento y especulación en la venta de 16.573 toneladas de alimentos que luego fueron distribuidos a precios justos a nivel nacional, favoreciendo a 6.026.545 venezolanos, informó este miércoles el jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, García Plaza precisó que la distribución de alimentos decomisados por irregularidades en su comercialización es una labor conjunta de la Superintendencia de Precios Justos y el Ministerio de Alimentación, a través de la red Pdval.
Las inspecciones también se extendieron a las comercializadoras de repuestos de motocicletas, con la detección de 60.162 artículos con sobreprecios que fueron adquiridos a precios justos por 21.873 motorizados.
Las inspecciones son acciones pertinentes y justas, que muestran a todo el pueblo venezolano que estamos en el camino correcto para lograr el equilibrio económico, indicó.
García Plaza también apuntó que los logros de la nueva ofensiva económica impulsada por el presidente Nicolás Maduro se reflejan en las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, que revelan la reducción de 2% en el desabastecimiento de alimentos y artículos del hogar durante los dos últimos meses de ofensiva económica.
Añadió que los resultados de las fiscalizaciones demuestran que «la guerra económica existe y seguimos trabajando con el sector privado, a través de los jefes económicos plenipotenciarios y de todo el pueblo venezolano, para impulsar la producción, el abastecimiento y los precios justo.
El jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía enfatizó que las inspecciones que se realizan a nivel nacional en esta nueva ofensiva tienen como objetivo mantener una relación equilibrada entre la oferta y la demanda, por ello «debemos vigilar de cerca la distribución y el abastecimiento para que los productos lleguen de forma correcta a los centros de comercialización a precios justos, para que tenga efecto favorable en el consumidor final».
Al respecto, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró que las inspecciones buscan generar un nuevo orden económico, a través de la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, cuya violación implica sanciones pecuniarias y penales.
AVN
