La superintendente de Precios Justos, Andreína Tarazón, designó a Róger Celestino Prepo García como nuevo intendente de Protección de los Derechos Socio Económicos, en sustitución de Luis Motta Domínguez, quien asumió el cargo desde la creación de la instancia, en enero pasado.
El nombramiento está contenido en la providencia administrativa número 6 de la Superintendencia, publicada en la Gaceta Oficial 40.404, de fecha 5 de mayo de 2014, que circuló este martes.
El Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos tiene funciones de inspección, fiscalización e investigación, en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos, vigente desde el 23 de enero de 2014.
Es el encargado de tramitar los procedimientos administrativos e imponer sanciones, conforme a lo establecido en el instrumento legal, que castiga con severidad la especulación, el contrabando y la usura, entre otros delitos.
El Gobierno activó una nueva fase de su ofensiva económica para enfrentar la guerra económica de la derecha, elevar la productividad y garantizar abastecimiento y precios justos en el país. Para ello, un elemento importante es un plan de fiscalización en todo el país sobre comercios, distribuidoras y demás cadenas de comercialización.
La Superintendencia de Precios Justos, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, es el principal ejecutor de esta jornada de fiscalización.
Esta instancia, que nació con la Ley Orgánica de Precios Justos, tiene tres tareas básicas: fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, mediante el análisis de la estructura de costos; definir un porcentaje máximo de ganancia, que por ley no debe exceder 30% de la estructura de costos; y la fiscalización de la actividad económica y comercial, con el fin de defender al pueblo.
De la Superintendencia dependen la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos y la Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
El nuevo organismo absorbió al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia de Costos y Precios y Justos, nacidos en 2010 y 2011, respectivamente.
