La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, destacó este miércoles que el Estado venezolano no será laxo en la administración de justicia con respecto a los hechos de violencia promovidos por la derecha en el país desde el pasado 12 de febrero, y sostuvo que la República es la primera interesada en que se conozca la verdad y la autoría de estos sucesos que «generan desconocimiento del otro».
En el programa Primera Página, por Globovisión, resaltó que de todas las presentaciones de aprehendidos en flagrancia en estos focos violentos, que han incluido incineración de sistemas eléctricos, educativos, de distribución de alimentos y combustible, la administración de justicia ha colocado medidas cautelares a más de 95% de los detenidos, de manera que solo sobre 5% se dictó privativa de libertad.
«¿Se nos está pidiendo impunidad sobre esos hechos? Es la pregunta que uno se hace cuando se dice que debemos liberar a esas personas», indicó.
Sostuvo que cuando los implicados han sido funcionarios, se han abierto los procesos correspondientes, tanto administrativos como penales.
Del mismo modo, recordó que el derecho a la protesta no es absoluto, y que no pueden considerarse como tal los hechos violentos que han provocado más de 40 muertes desde el pasado 12 de febrero. «La obstrucción de una vía es un delito, al igual que la incineración de un autobús, de un hospital, de una escuela», enfatizó Ramírez.
«La protesta no es violencia. Es crítica, disidencia», agregó. Además, señaló que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica que estas actividades deben adecuarse al marco legal es un mecanismo de contención sobre esos hechos violentos.
Apuntó que «un juez puede ponderar si una protesta o expresión de descontento pone en riesgo la vida».
«¿Las guarimbas no lo hicieron?», se preguntó.
Defensa de detenidos
Ramírez resaltó la actuación de su despacho en resguardo de los derechos de los detenidos en estos sucesos. Sostuvo que han recibido a madres de los detenidos, han mediado, elaborado informes médicos y elevado casos al Consejo de Derechos Humanos, recientemente constituido, con resultados positivos.
«Aquí hay una cara para defender y representar el pueblo y se llama Defensoría del Pueblo, así lo hemos venido haciendo», enfatizó.
Del mismo modo, se pronunció sobre los colectivos revolucionarios, criminalizados por sectores de derecha. «Cada persona que cometa un delito será investigada de manera personalísima, pertenezca a un colectivo, a una iglesia evangélica o a una organización de boy scout. A toda persona que cometa delito se le va a hacer seguimiento de la justicia. Aquí ninguna persona se organiza alrededor de la violencia», señaló.
Agregó que por el contrario, los colectivos han denunciado una campaña de discriminación que limita su trabajo.
AVN
