Este miércoles, el contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dio a conocer, en rueda de prensa a los medios de comunicación, que la Contraloría General de la República realiza el último llamado público a la Asamblea Nacional en desacato para que se ajuste a derecho.
«Hacemos un último llamado de manera pública para que la Asamblea Nacional le permita a la Contarloría General el derecho de revisión de la solicitud de la entrega de documentos sobre la cual tenemos competencia», resaltó el contralor.
A su vez, especificó que «el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las obligaciones de la Asamblea Nacional, pero en ninguna parte de ese artículo es obligante para la Contraloría General informar a la Comisión Permanente de la Contraloría de la AN».
Ballesteros agregó que «por el contrario, es la Comisión Permanente la que debe fijar lo que exija la Contraloría General ante nuestros organismos como máximo ente del control fiscal».
Asimismo, denunció que el diputado Henry Ramos Allup, presidente en lapso vencido de la Asamblea Nacional (AN) impidió la entrada de la funcionaria designada como interventora por la Contraloría en la institución, «este atropello de obstaculizar la actuación de nuestra auditora, violando la Constitución».
Ballesteros informó que «ajustado a derecho, la Contraloría, hasta hace dos horas, hizo el último intento para tratar de notificar al diputado Ramos Alup de la situación que se está presentando, agotada esta última intención de notificación, se procederá, en los términos que establece la ley, de notificarlos por un cartel publicado en la prensa escrita».
A su vez, advirtió sobre «la respectiva sanción al desacato, que puede estar desde una multa hasta una inhabilitación si fuera el caso», dado que «la Contraloría General ya ha agotado suficientemente los medios constitucionales y legales para cumplir con un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en no menos de ocho sentencias».
En este sentido, el contralor agregó que «no estamos aquí hoy, presentando un amparo constitucional a capricho».
El contralor explicó que «la sala constitucional del TSJ nos ha ordenado, tanto a la Contraloría como al Ministerio Público, actuar dentro del marco de nuestras competencias en cuanto haya lugar, en sede administrativa o penal, según sea el caso».
Ballesteros enfatizó que «de nosotros no cumplir con ese mandato en no menos de ocho sentencias, proferido por la Sala Constitucional, estaríamos incurriendo en un desacato ante el TSJ».
Asimismo, especificó que «la Contraloría General da el lapso legal para responder ante el desacato en que quizás por desconocimiento de la ley ha incurrido la Asamblea Nacional, quizás por omisión o por un abuso premeditado, procederemos el viernes (próximo) a poner un cartel de notificación».
El contralor agregó que «una vez publicado el cartel, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dará un lapso de 15 días para que el presidente de la AN presente todos los documentos que estamos exigiendo».
Agregó que con el amparo cautelar y autónomo que están introduciendo ante el máximo tribunal del país, hay un lapso de 48 horas para tomar una decisión y obligar que reciban a la interventora de la Contraloría.
En este sentido, Ballesteros enfatizó que «es competencia de la Contraloría General realizar esta auditoría interna y también un grave irrespeto a la Constitución de la República».
El contralor especificó que «es una violación flagrante a los derechos fundamentales y a la Contitución, al artículo 289, sobre las funciones de la Contarloría, y 137 que habla sobre hechos que materializan una usurpación de poder que desenvoca en acciones penales inclusive, si fuera el caso».
Informó el contralor general que «va a llevar este asunto ante el Consejo Moral Republicano para que sea el Poder Ciudadano en pleno que tome las decisiones correspondientes».
Agregó que «la Contraloría General está presta a seguir cumpliendo con sus funciones y con los deberes que dispone la Constitución y la ley, junto a la sentencia reiterada, dictada por el máximo órgano jurisdiccional del TSJ».
Prensa Mippci
