La Comisión Primera del Senado colombiano aprobó este martes una propuesta de ley para reglamentar en Colombia la práctica de la eutanasia y la “asistencia al suicidio”, para de esta manera remitir el texto a un segundo debate en la plenaria del Senado.
Con 10 votos a favor y cuatro en contra, la Comisión dio el visto bueno al proyecto, cuyo objetivo principal es permitir que las personas mayores de 18 años que sufran una enfermedad terminal, con intenso dolor y sin cura científica, puedan someterse al procedimiento.
Igualmente, la iniciativa contempla que los médicos que accedan a realizar esta práctica no podrán ser penalizados si cumplen con la reglamentación.
“La eutanasia es legal en Colombia y la queremos reglamentar porque la vida es de uno y se da cuando se puede disfrutar, no es el solo acto de respirar. Cuando alguien tiene una enfermedad terminal y su vida se está deteriorando, tiene el derecho a acudir a la eutanasia”, precisó Armando Benedetti, senador del partido de ‘la U”.
El legislador aclaró que para los pacientes en estado de coma “no se va a tratar la eutanasia, porque quien pide este procedimiento es el enfermo” y estando en esa condición, la personas no está en pleno juicio.
El documento incluye la figura de petición de eutanasia por instrucción previa, que consiste en un documento registrado ante un notario, en el que la persona sana manifiesta su voluntad de morir, en caso de enfermedad grave sin cura o cerebral que le haya dejado en estado de inconsciencia.
Benedetti explicó que aquella persona con enfermedad terminal y cerebral, que en el futuro la dejará en estado de inconsciencia, “deberá pedir al menos con cinco años de anticipación la práctica de la muerte asistida”.
Para el presidente del Senado, Roy Barreras, médico de profesión, la eutanasia debe practicarse de forma pasiva; es decir, desconectando al paciente.
Explicó que la diferencia radica en que la eutanasia pasiva se da cuando se desconecta al paciente de aparatos que lo mantienen con vida, como sondas y respiradores; mientras que el “suicidio asistido” implica la participación de un tercero, con el consentimiento del paciente.
El proyecto busca cumplir la sentencia 239 de 1997 de la Corte Constitucional, que indicó que “condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, sino una anulación de su dignidad”.
El debate estuvo marcado por una dura polémica ideológica, debido a que un grupo de senadores defendió garantizar mayores libertades, mientras que el sector conservador se mantuvo en una fuerte oposición.
Correo del Orinoco
