Con la entrada en vigencia de un decreto de Emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, el Ejecutivo Nacional puso en marcha un proyecto de ejecución de obras para construir y rehabilitar los Centros de Procesados Judiciales del país.
La atención al tema de la infraestructura considera de forma particular la necesidad de clasificación de la población penitenciaria, lo cual implica la separación física entre quienes aún tienen pendiente el proceso judicial para determinar su inocencia o su culpabilidad (procesados), y quienes ya han recibido una sentencia en firme (penados).
El decreto de Emergencia, que entró en vigencia este jueves, se extiende por un lapso de tres meses, que pueden ser prorrogados, durante los cuales el ministerio de para el Servicio Penitenciario deberá ejecutar «las soluciones necesarias para la construcción, recuperación y optimización de los Centros de Procesados Judiciales».
Ejecutivo Nacional debe gestionar y apoyar «la consecución de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de construcción» de nuevos centros.
Las mejoras en la infraestructura destinada a los procesados, establece el decreto, resulta «urgente e inaplazable» para el Estado venezolano y forma parte de las «medidas impostergables requeridas para realizar las transformaciones del sistema carcelario».
AVN/MinCI
