El control de territorios para la minería ilegal en Tumeremo por parte de bandas delictivas es el móvil que maneja el Ministerio Público sobre los hechos violentos ocurridos en esa zona del estado Bolívar, donde 17 personas fueron ejecutadas.
«Eso es lo que se va a determinar con la investigación», señaló la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido por Televen este domingo.
De acuerdo con los últimos resultados de la investigación, que realizan los cuerpos de seguridad del Estado se determinó la presencia de una organización paramilitar que operaba con una estructura dedicada a la extracción minera ilegal y la ejecución de crímenes como secuestros y extorsión.
De acuerdo con investigaciones realizadas por expertos en el área de criminalística, la estructura delictiva está liderada por los ciudadanos Hamilton Andrés Ulloa Suárez y Alexandro Lisandro González Montilla, apodados como El Topo y el Gordo Lisandro, respectivamente. Ambos, acompañados por sicarios, tenían el control de las minas ubicadas en el estado Bolívar.
El MP imputará ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz a Francisco David Carache Zambrano, quien fue detenido en un hotel ubicado en la carretera nacional San Pedro de Lagunillas en el estado Zulia, por su presunta vinculación con el caso .
Refirió a otras cuatro personas privadas de libertad: Luis Tovar Rivera Malavé, Rosa Zoraida Gil Salazar, Manuel Alejandro Balaguera Pérez y Carlos Alfonso Balaguera Hernández.
«La mujer fue imputada por el MP por el delito de cómplice necesario en el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles, además de legitimación de capitales. Presuntamente ella estuvo en el sitio en el momento en que se ejecutaron las personas. De los otros, uno fue imputado por delito de legitimación de capitales y asociación para delinquir, porque los otros dos no participaron en el evento pero presuntamente colaboraron, lo que está por demostrarse», explicó.
Reiteró que la cifra de muertes asciende a 17 personas ejecutadas por armas de fuego, cuyos restos fueron identificados y entregados a sus familiares.
Indicó que como parte de la investigación se citará a declarar al diputado de la derecha a la Asamblea Nacional (AN) Américo De Grazia, para confirmar la certeza de sus afirmaciones y si pueden aportar algo a las investigaciones, en vista de que el Código Orgánico Penal establece la colaboración de altos funcionarios para esclarecer algún hecho punible.
