El jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, encabezó una inspección a la empresa Arroz Acarigua C.A., ubicada en el estado Portuguesa, en la cual se detectó la presunción de la comisión de los delitos de acaparamiento, boicot, contrabando de extracción y desestabilización económica.
Así lo reportó García Plaza desde dicha empresa, como parte de la II etapa de la Ofensiva Económica que realiza el Gobierno Bolivariano para evitar el acaparamiento, la usura y velar por el cumplimiento de la Ley de Precios Justos.
Durante la inspección, el funcionario estuvo acompañado por el gobernador de Portuguesa, Wilmer Castro Soteldo, aparte de los cuerpos de inspectores, un equipo del Ministerio para la Alimentación y los más de 150 trabajadores de dicha planta.
Señaló que a través de un mecanismo de auditorías en tiempo real al sistema automatizado de distribución de alimentos para el control agroalimentario se determinó que a esta empresa llagaron aproximadamente 21 toneladas de leche en polvo que, según denuncias, fueron desviadas de la planta donde debía realizarse su respectivo empaquetamiento.
Un lote se encontraba en dos camiones que estaban siendo desviados y cuya guía no tenía relación alguna con la utilización correcta del producto; el otro, unas 14 toneladas adicionales estaban en los patios de los dueños de la empresa. «De ahí que se diera una visita de fiscalización con los cuerpos de la Superintendencia e Precios Justos», dijo.
«Se consigue acá (en la empresa) 7 mil toneladas de productos, entre arroz, leche, azúcar que se encontraban en la presunción de la comisión de los delitos de acaparamiento, boicot, de contrabando de extracción y desestabilización económico», remarcó García Plaza.
Apuntó que esta planta recibe la materia prima del Estado a través de la Corporación Casa (encargada de centralizar las compras de alimentos que realiza el Estado), «ellos almacenan, trillan, procesan, empaquetan y distribuyen».
García Plaza informó que el Ministerio para la Alimentación, a través de Venezolana de Alimentos (Venalcasa), ocupará la empresa, a fin de verificar que los procedimientos de importación, almacenamiento, trillado, procesamiento, empaquetamiento y la distribución se cumplan de manera correcta para garantizar que el producto llegue a quien realmente lo necesita.
Apuntó que el proceso administrativo sigue bajo la responsabilidad de los dueños de la empresa que abandonaron las instalaciones de la planta, por lo que el Ministerio Público dictará medidas a aprehensión para que estas personas se pongan a derecho.
Hizo la salvedad de que en Portuguesa se produce prácticamente el 70% de lo que se consume en Venezuela y el gobernador Castro Soteldo sostuvo que la mayoría de los empresarios de la agroindustria en la entidad está trabajando y produciendo de manera adecuada.
AVN
