Palacio de Miraflores, Caracas.- Adquirir un bien o servicio de primera necesidad se ha vuelto cada vez más complicado para el pueblo en algunos países de América Latina producto de las políticas económicas implementadas en detrimento de los menos adinerados.
En nuestra región, los países que se posicionan con mayor impuesto al valor agregado (IVA) son Argentina con 21%, Colombia y Chile con 19%, Perú que posee 18% y Brasil 17%. A esta lista se suma la nación europea España con 21%, refieren agencias económicas internacionales.
En el país neogranadino, por la compra de alimentos como enlatados, aceites, cereales preparados, algunos derivados lácteos, condimentos, salsas, aderezos, entre otros, los habitantes deben cancelar el alto impuesto. Además, se incluyen artículos para el aseo personal y bienes y servicios del sector vivienda.
Asimismo, dentro de los productos gravados con IVA, a una tasa del 5%, se encuentran harina de maíz, pastas alimenticias, azúcar, café, carnes frías y embutidos.
Entre tanto, el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, advirtió que se prevé establecer impuesto a todos los productos de la canasta familiar e implementar medidas para que las empresas paguen menos tributos que las personas naturales, basados en modelos capitalistas como el de Estados Unidos.
Misma realidad vive el pueblo de Argentina, donde para adquirir los 24 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos de ese país, deben pagar tributos de 10,5% y 21% según sea el caso. En el primer renglón se ubican pan, harina de trigo, papa, batata, legumbres secas, hortalizas, frutas y carnes. Mientras que el arroz, la harina de maíz, fideos, azúcar, huevos, aceite, sal, vinagre, café, entre otros, se fijan con el segundo gravamen.
Igualmente, en el país dirigido por Mauricio Macri, si un ciudadano necesita una atención médica y a cierto nivel educación, debe pagar un servicio privado.
En Perú, por el 75% de la canasta básica pagan Impuesto General a las Ventas (IGV) como se le conoce en la nación Inca.
España por su parte decidió establecer tres tipos de impuesto: estándar de 21%, que se aplica a la mayoría de los productos y servicios, entre ellos algunos medicamentos y productos de higiene personal; reducido de 10% el cual es aplicado a productos alimenticios no básicos, productos de salud, transporte público, distribución de agua y aporte agrícola y súper reducido de 4% para el pan, leche, harina, huevos, papas, queso, cereales, frutas y verduras y algunos medicamentos humanos, entre otros.
En contraste, Venezuela se consolida como el país que articula más mecanismos de protección al pueblo.
Su más reciente medida: exonerar del pago de impuesto por la compra de todos los alimentos, medicinas, salud, transporte, educación, servicio de agua potable, electricidad, telefonía, gas, son muestra de que el bienestar de las y los venezolanos es prioridad para la Revolución Bolivariana.
En ese contexto, lo que en otras naciones se conoce como gasto público, en el país se concibe como inversión social y se invierte 70% del presupuesto al mismo, por lo que los tributos recaudados de los grandes contribuyentes -tras del reciente aumento del IVA que pasó de 12 a 16%- serán asignados a los programas sociales que ejecuta el Gobierno Nacional.
Entre ellos, entrega de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap); viviendas, con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); salud, a través de los módulos de Barrio Adentro ubicados en el territorio nacional; pago de pensiones a los adultos mayores y demás beneficios sociales entregados por medio del Carnet de la Patria.
De acuerdo con el economista Andrés Giuseppe, la reforma económica implementada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigida a favorecer a los más desposeídos “tiene un carácter progresivo y por eso se diferencia de otros países porque beneficia a la población”.
A su juicio, en otros países de Latinoamérica, “solo buscan mantener el sistema capitalista”, heredado de hegemonías extranjeras.
Prensa Presidencial / Carolina Ojeda
