Un estudio elaborado por la organización Artigo 19 defiende la libertad de expresión de las radios comunitarias en Brasil y discute el escenario de criminalización que esos medios enfrentan actualmente. Además, el documento presenta siete tesis jurídicas aplicables a la defensa de las radios comunitarias y a sus representantes.
Uno de los mayores problemas que enfrentan esas emisoras comunitarias en territorio brasilero es la demora por parte del Poder Público (Ministerio de las Comunicaciones) en analizar el pedido de obtención de concesiones. «En algunos casos, la espera puede llegar a 15 años”, se señala en el estudio.
La legislación brasilera que trata sobre la cuestión de las radios comunitarias es, de acuerdo con el documento, muy restrictiva, especialmente si se compara con países vecinos como Argentina y Uruguay.
La actuación de Anatel para conceder licencias a nuevas radios comunitarias está demorada y es más rigurosa que para las radios comerciales.
Datos de Anatel [Agencia Nacional de Telecomunicaciones] revelan un aumento inferior al 3%, de 2012 a 2014, del número de radios comunitarias con licenciamiento. De ese análisis, Artigo 19 concluye que el gobierno invirtió poco en políticas públicas para la ampliación del sector.
En lo material, la organización no gubernamental de derechos humanos denuncia también la omisión del gobierno para acelerar el análisis de los pedidos de concesiones, y también un rigor de fiscalización desproporcionado por parte de Anatel y de la Policía Federal. Según el documento, muchas veces, la fiscalización ocurre en forma discriminatoria y violenta por parte de los agentes estatales, mientras que las radios comerciales son poco fiscalizadas.
Informaciones del Ministerio Público Federal revelan que, de 1998 a 2005, la Anatel cerró 2.466 radios comunitarias no autorizadas en el Estado de São Paulo. En el mismo período, el Ministerio de las Comunicaciones licenció sólo 352 radios comunitarias. Este factor, sumado a dispositivos penales que vienen siendo aplicados a la radiodifusión comunitaria, ha culminado en la criminalización de ese modelo de vehículo de información.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, Artigo 19 pretende, con este estudio, impulsar un debate con la comunidad jurídica y con el sistema de justicia en relación con la temática sobre la liberación y la criminalización de las radios comunitarias. Además de prestar auxilio a los radiocomunicadores procesados criminalmente por operar esas emisoras. «El ejercicio de la libertad de expresión no debe ser criminalizado”, se enfatiza desde la organización.
Para Artigo 19, las radios comunitarias hacen que la comunicación en el país sea más vibrante, plural y democrática.
Fuente: Adital
