Mientras situaciones de amenaza al libre ejercicio de la comunicación, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, como parte de los derechos fundamentales, se encuentran amenazados en diversas latitudes de la Patria Grande y de diversas maneras, los grandes conglomerados mediáticos al servicio del capital, mandatarios de países vecinos y organismos multilaterales centran sus agendas y fijan su miradas en la crisis política que vive Venezuela.
Tal es el caso de Paraguay. En la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa Julio César Franco, comunicador de la emisora de la comunidad campesina de Luz Bella, denuncia que en su país se vienen imponiendo severas cortapisas y limitación técnicas y económicas a las emisoras comunitarias, al mismo tiempo que los comunicadores están siendo blanco de amenazas y agresiones que varían desde dificultades para el ejercicio de su labor hasta homicidios, hechos que constituyen una amenaza real al imprescindible bien colectivo.
El comunicador denunció que los trabajadores de las radios comunitarias, que pertenecen a organizaciones barriales, sociales o campesinas, son víctimas de persecuciones, amenazas y agresiones, y afirmó que no existe ningún protocolo de seguridad para quienes informan en zonas controladas por el narcotráfico o el negocio de la soja, como el norte de la nación suramericana.
Franco relató que vivió un intento de homicidio en 2012, cuando un grupo de personas irrumpió en su casa y accionaron armas argas de alto calibre en su interior. también denunció que la censura y persecución a estas radios, unidas a la concentración de medios en pocos propietarios buscan silenciar la voz de la ciudadanía en favor de los intereses de los grupos que ostentan el poder y quienes ejercen el monopolio del narcotráfico.
El comunicador resaltó el valor de este tipo de medios como formas de expresión y empoderamiento social. Aseguró que son «herramientas fundamentales para alimentar la democracia en Paraguay, que está muy cuestionada», pero sufren los intentos del Gobierno «por acallarlas, por silenciarlas para que el pueblo no se entere de nada». Realidad que contrasta de manera irrebatible con el derecho consagrado de manera constitucional y en el ejercido sin restricción alguna que en Venezuela existe en el ámbito comunicacional, donde las estadísticas de crecimiento de Medios Alternativos y Comunitarios, de las diversas vertientes, se encuentra en ascenso sostenido durante la última década y el florecimiento de la comunicación digital es innegable independientemente de la filiación política y en cuanto a cifras de periodistas o comunicadores sociales asediados y/o asesinados por el ejercicio de sus labores es absolutamente contrario a diferencia de países como México, Colombia, El Salvador, Chile y muchos otros de la región y del mundo que cuentan con cifras escalofriantes en relación a este flagelo.
Prensa DGMAC-MIPPCI
Kelly Blanco.
