Argentina 07-04-2016.- Luego de meses de consulta a diferentes actores, la elaboración de los 21 puntos por una radiodifusión democrática y muchas instancias que hicieron que la Ley 26.522 fuera la más democrática del período 2003-2015, en 2016 se vació su órgano más importante: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En ese marco entrevistamos a Martín Iglesias, cooperativista de Radio Ahijuna de Quilmes, para saber cómo impactó en el espacio radiofónico el cambio de política comunicacional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.
Las radios comunitarias son radios que no tienen fines de lucro, están comprometidas con su comunidad en los temas que tratan, y dispuestas a dar aire a quien tenga algo que comunicar. No tienen líneas editoriales fijadas por intereses comerciales lo que hace que su papel sea importante no sólo para la comunidad, sino también para la vida democrática.
Uno de los intereses al elaborar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el de brindar a estas radios un marco que les permitiera varias cosas. Primero, dejar de ser consideradas “truchas”. En muchos casos, estas radios funcionaban en frecuencias que no tenían el espectro radial asignado por el anterior Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) debido a los requisitos privativos impuestos por la Ley 22.285/80.
En segundo lugar, que se garantice su independencia editorial, pero también se posibilite su sustentabilidad. La gran mayoría de los medios de comunicación ofrece una audiencia determinada (por espacio geográfico, edad, nivel socioeconómico, etc.) a los auspiciantes y fija un precio por el segundo de aire. Así, hay radios que cobran $5 el segundo de aire, y otras, $1000.
Tercero, y más importante, que las frecuencias se administren con criterios democráticos, basados en la representatividad de las comunidades y por mecanismos transparentes. Este punto no sólo beneficia a las radios, sino, y sobre todo, a los territorios en los que se insertan y su calidad cultural y comunicacional.
Martín Iglesias, miembro de Radio Ahijuna en Quilmes, detalla que el de las radios comunitarias son “el sector más invisibilizado de la comunicación audiovisual y con menos posibilidades de acceso a los recursos de la industria de los medios y el reparto publicitario. Por eso el Estado debe ser garante de las condiciones para su existencia”.
Agrega que “en el caso argentino se ha logrado que la sociedad civil sea reconocida como sujeto con derecho a acceder a las licencias. Sin embargo, la implementación de la LSCA encontró dificultades notables en el plano de conceder al menos un porcentaje ínfimo de la reserva del 33% que fija para los actores sin fines de lucro”.
Iglesias remarca que esto principalmente ocurre en “la banda de radio de Frecuencia Modulada (FM) donde existe un cuello de botella en relación a la disponibilidad de frecuencias en las principales localidades del país”.
Es decir que los avances de la LSCA fueron importantes pero ni siquiera se había logrado el punto más vinculado a la democratización de la palabra. Mucho menos se podrá hacer sin el organismo que se encargaba de monitorear el estado de implementación de la ley.
Sumado al impacto del desmembramiento y disolución de la AFSCA, se canceló el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que se destinaba a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Es decir, aquellos con menos posibilidades de financiar el inicio de actividad, por más que les correspondiera una frecuencia del espectro radiofónico.
Iglesias también menciona que “no se trata de que el FOMECA haya resuelto la mayoría de los aspectos que hacen a las dificultades que demuestran los medios para el logro de su sostenibilidad”. “Pero”, insiste, “sí era un paso importante como parte de un proceso que demanda un tratamiento diferenciado de estas emisoras, que es algo que viene reclamando este sector ante el ente regulador”.
Puede decirse, en defensa del cambio de políticas públicas referidas a la radiodifusión, que no quedó en estado de acefalía con la creación por DNU del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin embargo, de nada sirve que exista si no da continuidad a la legislación preexistente.
Iglesias detalla, en este aspecto, que si bien hubo promesas de las autoridades de ENACOM en relación a la continuidad de las políticas de apoyo y al pago de los convenios firmados durante 2015 “los hechos demuestran lo contrario”.
“No sólo no se dio curso al pago de los proyectos concursados sino que procedieron al desmantelamiento de una de las áreas especificas de atención y asistencia al sector como lo es la Dirección de Proyectos Especiales. Esto atenta directamente contra el sector poniendo a los medios en una situación de asfixia económica injustificada”, explica.
Doce años después, se relanzaron los 21 puntos para una radiodifusión democrática. Ampliados y actualizados, pero respetando su espíritu original: si lo que se trata es de construir una comunicación democrática, no hay posibilidades de hacerlo sin garantizar pluralidad de voces.
Victoria Maniago
Fuente: Notas – Periodismo Popular
