Cumaná, estado Sucre. En el transcurso del 2016 serán incorporados 10 mil pescadores y pescadoras al sistema de pensiones del país, según lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la tarde de este jueves.
El mandatario instruyó al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, y al ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, para que se inicien los procesos de captación y de manera inmediata proceder a la incorporación de las primeras dos mil pensiones antes de la segunda semana del mes de marzo.
Maduro también ordenó la revisión de los procesos de empaque del pescado, a fin de facilitar su distribución y recordó que el esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras del mar debe reivindicarse en beneficios para sus familias y comunidades.
En este sentido, solicitó la investigación de las empresas impulsadas por el comandante, Hugo Chávez, para tal fin y la reactivación de las cadenas de producción, distribución y comercialización a precios justos.
Por otra parte, el presidente Maduro anunció la suscripción de una alianza estratégica entre el Estado venezolano y el sector camaronero, la cual estará a cargo del ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario.
Ley de Producción Nacional
El jefe de Estado y de Gobierno se refirió al proyecto de Ley de Producción Nacional presentado por la bancada opositora en la Asamblea Nacional y lo calificó como el instrumento jurídico más vulgar propuesto hasta los momentos.
Reitero que el proyecto tiene como finalidad la privatización de las empresas que son propiedad del Estado, así como también todas las empresas que funcionan bajo la figura de Unidades de Propiedad Social.
Nicolás Maduro indicó que ha revisado el articulado que comprende el proyecto de la mencionada Ley e informó que a través de la misma se pretende hacer pagar al Gobierno Nacional una deuda millonaria en dólares que nunca ha sido emitida por la República Bolivariana de Venezuela.
Acotó que el Poder Legislativo ha dado largas a la discusión de la Ley de Producción Nacional porque reconoce que una vez aprobada se originaría una rebelión constitucional de la clase obrera y de las comunidades, en defensa de las empresas del Estado.
Por Bianca Borrero
