La Corte Penal Internacional (CPI) era apenas un proyecto en discusión cuando Venezuela se comprometió con su creación, debido a que no solo significaría un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos, sino también hacia la judicialización de crímenes graves de trascendencia internacional.
El 17 de julio de 1998, Venezuela se convirtió en uno de los 120 Estados y el primero de América Latina en adoptar el Estatuto de Roma, instrumento consultivo de la CPI que entró en vigor el 1 de julio de 2002 después de su ratificación por 60 países. En el ordenamiento jurídico nacional, entró en vigencia como Ley de la República el 13 de diciembre del 2000 mediante la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicada en Gaceta Oficial N° 5.507.
El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos “tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Venezuela se acogió entonces a la jurisdicción de la Corte, que actúa como instancia complementaria de los sistemas nacionales en la investigación y judicialización de crímenes de su competencia (crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión), bajo los principios de buena fe y colaboración que fundamentan el carácter vinculante del Estatuto de Roma.
Desde 1999, el Estado avanzó en la construcción del entramado jurídicoinstitucional en materia de protección de los derechos humanos, que garantiza el derecho de toda persona al acceso a los órganos de administración de justicia.
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