La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigará la difusión de fotografías de niñas y niños, presuntamente armados, difundidas por el colectivo La Piedrita en su página en Facebook.

El diputado socialista Freddy Bernal rechazó “enfáticamente la manipulación que se ha querido hacer con esas fotos”, y recalcó que la revolución no necesita grupos armados que la defiendan.

La parlamentaria Dinorah Figuera (Primero Justicia-oposición) dijo que en el 23 de Enero hay un mural con una virgen y un niño con un fusil en la mano, y preguntó a las instituciones del Estado qué información se les da a los infantes que ven ese material.

Debate por la Ley Contra la Delincuencia
La reforma de la ley contra la delincuencia organizada generó un largo debate en la sesión parlamentaria de ayer, que podría resumirse en la defensa de la normativa por parte de la bancada socialista, con la premisa de que ayudará a combatir crímenes como el terrorismo; y en las críticas de la oposición, que sostuvo que será una herramienta para perseguir. Ya pasadas las 7:00 pm, el primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el texto no es para perseguir al antichavismo, y dijo que esto resultaba paradójico porque en el país “la oposición hace lo que le da la gana”.

Más temprano, al inicio del intercambio, el diputado Elvis Amoroso (PSUV) expuso los argumentos a favor de la ley, y recalcó que con ella se sancionarán el narcotráfico y el terrorismo.

“En este proyecto de ley no van a prescribir esas penas” como las del uso de niñas y niños para pornografía, garantizó. El parlamentario aseguró que el sector de la oposición defiende violadores, secuestradores, financistas del terrorismo y del narcotráfico, y que eso se pondría en evidencia con la discusión.

El primer representante opositor que tomó la palabra, Eduardo Gómez Sigala, opinó que el único propósito de la normativa es intimidar a la población, y advirtió que “es una mala copia de un feo original”.

Con un ejemplar de la revista colombiana Semana en la mano, el diputado Abelardo Díaz (Copei-oposición) sostuvo que para hablar de la lucha contra el terrorismo “hay que tener moral”, y se hizo eco de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el ministro del Poder Popular para la Defensa, Henry Rangel Silva.

“La ley que quieren aprobar viola 20 artículos de la Constitución Nacional” y el derecho al debido proceso, consideró José Antonio España, del opositor Movimiento al Socialismo. “Esta es la ley del delator; es la ley del sapo, del que eche más dedo”. Leomagno Flores (AD-oposición) calificó a la normativa como “un adefesio jurídico” que no va a resolver los problemas del país.

Amoroso acusó a la oposición de no leerse la ley, y dijo que por eso sostienen que es inconstitucional. Reiteró que el Ministerio Público no queda fuera de las investigaciones sobre delincuencia organizada, como alega la oposición.

Su colega Andrés Eloy Méndez (PSUV) defendió la creación de la oficina especial para atender estos delitos, y la comparó con la Oficina Nacional Antidrogas.

Apoyo al oro
Con base en la propuesta del diputado socialista Jesús Faría, la mayoría en la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar al presidente Chávez por la repatriación del oro venezolano; felicitar a todas las instituciones que participaron en esta actividad, y condenar los esfuerzos hechos por sectores de la derecha venezolana “que han tratado de impedir la repatriación”.

El diputado opositor Leomagno Flores (AD) afirmó que el oro ya llegó a Venezuela, pero sólo hizo una escala en Caracas porque -afirmó- “irá a parar a las bóvedas de los bancos centrales de China, de Rusia o Brasil”. Por eso “nos sigue preocupando el oro”.

El diputado Abelardo Díaz (Copei-oposición) denunció que el centro turístico La Trampa, del estado Táchira, será usado por el despacho de Asuntos Penitenciarios. “Queremos rechazar este hecho”, insistió. Le salió al paso su colega de estado pero no de bancada, Ricardo Sanguino (PSUV), quien explicó que es un centro para dar esparcimiento y recreación de más de 7 mil funcionarias y funcionarios del Ministerio.

La AN también avaló un acuerdo con motivo del fallecimiento del editor José Agustín Catalá, quien murió el pasado 18 de diciembre a los 97 años.