La educación universitaria, en la región, tiene una historia vinculada a la liberación de nuestros pueblos; ala creación de horizontes de transformación social, política, ética y cultural; a la reivindicación de nuestros valores y la lucha por mayor democracia, participación y justicia. Esta historia está firmemente arraigada en el carácter público de la educación universitaria y en el compromiso por ampliar sus beneficios para toda la población. Las tendencias a la mercantilización, la despolitización y la descontextualización de la educación universitaria son contrarias a esta historia.

Las tendencias actuales que llevan a la comercialización de la formación y el conocimiento, a la privatización de los servicios en las universidades autónomas, atentan contra la misión académica, el carácter público, el compromiso social y político que deben caracterizar la enseñanza en este nivel.

Como ejemplo de la privatización de estos espacios, que se lleva a cabo en nuestro estado, tenemos a la Universidad de Carabobo, la cual tiene una flotilla de buses, y aún así utiliza una línea privada que cobra pasaje a sus usuarios para trasladarse dentro y fuera del campus universitario. En lo referente a papelería, libros, copias y otros artículos, se venden dentro de las facultades a precios muy elevados, comparados con la calle. A nivel nacional en las universidades públicas, podemos observar cómo se lucran las distintas facultades con las pruebas de admisión internas (P.A.I) y los cursos de nivelación y avances, así mismo las casas de estudios privadas cobran hasta nueve mil bolívares fuertes por un
semestre en una carrera, todo esto con el beneplácito del Ministerio de Educación Superior.

En lo particular, creo que es necesario, rechazar las políticas impulsadas por centros de poder estadales, que favorecen la comercialización de la educación, para incluirla en el Acuerdo General de Comercio de Servicios, regido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El tratamiento de la formación como mercancía amenaza el papel de la universidad como medio para vencer las desigualdades sociales. También, es contrario a la defensa del patrimonio cultural y ambiental, así como a la consolidación de valores éticos y el impulso de la solidaridad.

Además, promueve la descontextualización y uniformidad acrítica de los procesos educativos y favorece las hegemonías culturales. Igualmente, cuestiona el papel que toca a los Estados en la dirección y regulación de la educación, lo que un grave riesgo para la soberanía nacional y de los pueblos y afecta nuestra aspirción a lograr una sociedad más democrática y justa, a través de un desarrollo sostenible en nuestra nación.

Respecto a la autonomía, es necesario reevaluar el término, porque esta expresión se debe utilizar para que las universidades logren el avance en la academia, la cultura, el deporte, la investigación social y política, no para
que las autoridades se escuden, para lograr un
Estado dentro del Estado.

Nuestras universidades se han convertido en la caja chica donde se financian planes desestabilizadores en contra de
la nación.

Creo que es absolutamente necesario lograr la aprobación de la nueva Ley de Universidades y conformar los consejos estudiantiles populares, donde su dirección sea horizontal, para así lograr la transformación universitaria, desde la base de las estructuras caducas que hoy dirigen nuestras casas de estudio.