El Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, ante las frecuentes falsedades emitidas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en relación a la situación de la libertad de expresión en nuestro país, se ve obligado a responder ante la opinión pública nacional e internacional.

Desde su fundación, a mediados del siglo pasado, la SIP se ha convertido en el sindicato defensor de los intereses empresariales de la comunicación en América. Es necesario que el pueblo venezolano sepa que la SIP no agrupa a periodistas, ni a trabajadores de los diarios, sino a los dueños de periódicos del continente. Es decir, la SIP fue creada con el único y primordial objetivo de defender los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios impresos, aunque con frecuencia, gracias a la estructura mediática sobre la que opera, la SIP usurpa la representación de los trabajadores de la comunicación.

Por lo tanto, cuando la SIP habla de "amenazas a la libertad de expresión", habla por boca de aquellos intereses empresariales que se sienten amenazados cada vez que, en algún país de América, un gremio de periodistas, una asociación de usuarios o un Gobierno, propone regulaciones democráticas al poder omnímodo que ejercen los propietarios de esos medios. Basta recordar sus posturas en el pasado, cada vez que en Venezuela se habló de la Ley de Ejercicio del Periodismo, o del proyecto de reforma constitucional que buscaba imponer el derecho a réplica. En ambos casos, la SIP tildó dichas iniciativas como "Ley Mordaza", exactamente como hace ahora. Se trata, pues, de los mismos argumentos, el mismo lenguaje engañoso, los mismos despropósitos en boca de los mismos actores.

La SIP forma parte, hoy en día, de un conjunto de grupos de presión que, bajo la fachada mediática de promover las "libertades" en el mundo, esconde de manera cínica la defensa del interés corporativo de la prensa escrita privada, sus privilegios económicos, sus políticas editoriales, y hasta sus proyectos políticos e ideológicos.

En consecuencia, el sello empresarial de sus posturas, se expresa a través de una lectura sesgada de la realidad venezolana. Pretende confundir a la opinión pública, queriendo vender como libertad del pueblo venezolano, lo que son las prerrogativas de poder de sus miembros. Hacen apología y claman por una libertad que no practican en sus periódicos, en los cuales de manera sistemática se censura, se lesiona la verdad, se limita al acceso y la participación de los lectores, y se atropella a los periodistas que no acatan las líneas editoriales.

De allí que sus expresiones descalificadoras con respecto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV (Ley Resorte) -recientemente aprobada en la Asamblea Nacional- no pueden considerarse sino como la posición de un sector de los dueños de algunos periódicos y empresarios de la comunicación, y no como una posición de quienes, como los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, editores, lectores y usuarios, entre otros, son los actores principales del proceso comunicacional.

El Estado venezolano no puede legislar para un sector, por muy poderoso que éste sea; el Estado está obligado a legislar, en el marco de las competencias establecidas en la Constitución, para procurar el bienestar y el interés colectivo. Por más éxitos que esta estrategia les haya dado en otros países, debemos decirles con toda firmeza que el cabildeo y la presión mediática de la SIP, no funcionarán sobre la estructura democrática del Estado venezolano.

Es falso, como sostienen los empresarios de la SIP, que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV estimule la censura previa o amenace en alguna forma el ejercicio periodístico y, en general, el libre flujo de información. Antes bien, la Ley Resorte reafirma la libertad de expresión, sin censura, y el libre flujo de información, así como promueve el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz.

La Ley es un instrumento de la sociedad venezolana para promover, tal como manda la Constitución Bolivariana, y en sintonía con muchas leyes y normativas de medios en el mundo, la asunción de responsabilidades ulteriores para quienes disfrutan del uso de una concesión sobre el espacio radioeléctrico, patrimonio de todos los venezolanos. Los medios de comunicación ejercen una inmensa influencia y un tremendo poder, y deben ejercerlo con responsabilidad hacia la sociedad.

Al establecer la responsabilidad como contrapartida fundamental a la libertad individual y, sobre todo, la libertad mediática empresarial, se estimula un equilibrio democrático del sistema de la comunicación social. La voz de unos pocos, de una élite, debe dar paso a un espacio plural de muchas voces, de visiones diversas, de criterios alternativos.

La Ley Resorte tiene como uno de sus ejes centrales la defensa de los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes. La lucha contra la basura televisiva, expresada en los contenidos de violencia, procacidad, pornografía y abuso del lenguaje, a través de una dignificación cultural y pedagógica de la programación radioeléctrica, es una añeja exigencia de la sociedad venezolana, ratificada recientemente por altos voceros de la jerarquía católica, pero también es una sentida demanda de educadores, madres y padres, organizaciones no gubernamentales y sectores académicos del país.

La SIP no puede probar ninguna de sus vagas afirmaciones. Se refugia en un discurso deliberadamente ambiguo sobre la supuesta defensa de "la libertad", discurso que desprecia el valor de la participación democrática que se abre con la ley, y omite pronunciarse sobre los derechos de los más pequeños. Nuevamente, incurre en el conocido exceso, que ya se está haciendo práctica por parte de estas instituciones títeres de la globalización, de inmiscuirse de manera abusiva en un debate democrático, hecho a la luz del más amplio respeto a la libertad de pensamiento, como el que existe hoy en Venezuela.

No es ciertamente la primera vez que la SIP arremete contra los venezolanos. Ya lo hizo en abril de 2002, cuando avaló el golpe de estado y nada dijo sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de emisoras públicas durante la ofensiva mediática contra la Constitución y el Gobierno legítimo de Venezuela. El Gobierno y el pueblo venezolano no esperamos nada, ni pretendemos el desprestigiado aval de un lobby tan carente de autoridad moral y legitimidad como es la SIP, pero sí exigimos respeto hacia nuestro proceso y nuestro instituciones democráticas.

Seguramente la SIP ganaría algo de consideración entre los pueblos americanos si se le viera preocupada por los 11 periodistas detenidos en los EE.UU por haberse negado a revelar sus fuentes, un caso que el mismo diario The New York Times ha calificado como un atentado contra la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sería bueno saber qué opinan los jefes de la SIP, aquellos que fungieron de censores en dictaduras militares del Cono Sur, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y "Reporteros Sin fronteras", sobre la atroz persecución judicial desatada contra los periodistas en países como los EE.UU. La SIP ganaría al menos la atención de los pueblos si se decidiera a hacer cumplir sus propios códigos de ética y sus manuales de estilo, redactados por periodistas bien intencionados, y violados sistemáticamente por los dueños de esos mismos diarios.

El Gobierno soberano de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con las libertades públicas y los derechos comunicacionales del pueblo, derechos colectivos que siempre -como mandan los tratados sobre Derechos Humanos en el mundo- tendrán preeminencia sobre la libertad particular de alguna persona o grupo.

Con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV empezamos a construir y a ejercitar derechos y libertades individuales y colectivas, que abrirán sin duda el cauce a un nuevo orden comunicacional en Venezuela, un orden democrático, plural, participativo y protagónico.