La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Gobierno Bolivariano no violó ni obstaculizó el ejercicio profesional y tampoco atentó contra la propiedad e igualdad de las empresas y medios de comunicación venezolanos.

Así lo estableció el veredicto del 3 de marzo, definitorio de las pasadas denuncias realizadas por los medios de comunicación Globovisión y Rctv ante la CIDH.

La sentencia de este organismo internacional establece que el Estado venezolano sólo ha incurrido en la violación de su obligación al no “evitar” que terceras personas dificultaran el ejercicio profesional de los periodistas y demás empleados de Globovisión.

El canal Globovisión había exigido a instancias internacionales que se penalizará al Ejecutivo Nacional con una multa de un millón de dólares por obstaculizar sus labores profesionales. En contraposición a esta solicitud la CIDH solo exigirá al Estado un pago de 10 mil dólares por los gastos causados por el juicio.

Con este fallo se refuerza, una vez más, que en Venezuela existe plena libertad de expresión y queda al descubierto otro intento fallido de las campañas mediáticas que día a día desarrollan medios de comunicación, como Globovisión, para desvirtuar el proceso democrático que vive Venezuela.

A pesar de las irregularidades interamericanas
Es necesario señalar que las decisiones de la CIDH, de alcance hemisférico, deben obedecer al Estado de Derecho y no a criterios políticos particulares, además, esta organización tiene que corregir ciertas irregularidades en su funcionamiento para garantizar imparcialidad y credibilidad en sus actuaciones. 

A pesar de ser una institución que determina los reglamentos y resoluciones que avalan el respeto a la integridad moral, se presenta el caso de Estados Unidos, nación con gran peso en las decisiones de la institución, se ha limitado a firmar sólo 4 de 17 convenios de respeto a Derechos Humanos, civiles y sociales que rigen la CIDH.

Con relación a esta situación, que genera suspicacia en cuanto a las actuaciones de esta causa judicial, Germán Saltrón, agente del Estado venezolano ante la CIDH, sostuvo, en una entrevista ofrecida al equipo de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MinCI), que esta circunstancia responde al hecho de que 70% del presupuesto de la institución es aportado por el gobierno de Washington.

Según su criterio, “esto influye de acuerdo a sus acciones, en el comportamiento y la tendencia que adopta esta organización hemisférica”.

En este sentido, no dudó en señalar que otra de las contradicciones presentes en la Corte Interamericana tiene que ver con su comité rector, en el cual un país como Estados Unidos ejerza la presidencia y vicepresidencia del organismo.

Estos ejemplos dejan al descubierto la doble moral que practica el Gobierno estadounidense en materia de Derechos Humanos, al no comprometerse a respetar las distintas resoluciones, pero sí adoptar la posición de árbitro a través de instancias internacionales sesgadas e informes como el desarrollado por su Departamento de Estado sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.

Es tan sólido el ejercicio de libertad de expresión en Venezuela que, por encima de las circunstancias anteriores, quedó demostrado el respeto de los Derechos Humanos en el país y  la vocación democrática del Gobierno Bolivariano.